Centrado exclusivamente en la evaluación de los conocimientos científicos, el informe TIMSS confirma las deficiencias académicas de los jóvenes españoles en unas materias decisivas para la investigación y el desarrollo, una falta de competencia que se extiende del profesorado a los alumnos y que sitúa a estos en una posición de desventaja frente a los estudiantes de otros países, precisamente en un momento de transformación tecnológica global. Lejos de abordar y corregir una carencia sobre la que ya venían alertando los informes PISA, el Gobierno prefiere rebajar el listón de la exigencia, desincentivar el esfuerzo y, a través del adoctrinamiento y la laminación de la educación concertada, convertir las aulas en un laboratorio de ingeniería social. Los primeros perjudicados por la «ley Celaá» van a ser los estudiantes, pero es España la que en su conjunto ve condicionado su futuro, lastrado por una normativa cuya prioridad no es la excelencia, sino la indiferencia.
