El Tribunal Constitucional ante el aborto
El recurso contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se interpuso el 1 de junio de ese año por Federico Trillo, comisionado por 70 diputados del grupo parlamentario popular. Faltan algo más de cuatro meses para que se cumplan 13 años desde la interposición del mismo.
¿Cómo se explica esta inusitada permanencia en el congelador de dicho recurso? ¿Podría llegar a considerarse que un recurso interpuesto por parlamentarios de un partido en 2010 que alcanzaría la presidencia del Gobierno en 2011 con mayoría absoluta y que podría haber reformado e incluso anulado la LO 2/2010 durante la legislatura de 2011 a 2015, pero no lo hizo, no debería ser resuelto por el Tribunal Constitucional (TC) 13 años después? ¿No debería el TC dictar sentencia en la que rechazara pronunciarse sobre la fundamentación jurídica del recurso ante la negativa del Gobierno presidido por Mariano Rajoy y la mayoría parlamentaria absoluta de la que dispuso a resolver el problema mediante el ejercicio de la potestad legislativa? La renuncia a legislar ¿no había supuesto implícitamente la desautorización de la interposición del recurso?
El Gobierno presidido por Mariano Rajoy no decidió ni retirar el recurso interpuesto ni tampoco reformar o anular la LO 2/2010. El PP ha estado jugando con el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto a lo largo de casi 13 años en los que ha dispuesto de mayoría absoluta en las Cortes Generales y de mayoría de magistrados designados por la mayoría del PP en las Cortes, en el CGPJ y en el Gobierno. ¿Debe el TC admitir que se pueda jugar con el recurso de inconstitucionalidad de esta manera o debe, por el contrario, rechazar expresamente tal posibilidad por ser manifiestamente anticonstitucional? Ha sido la mayoría absoluta de 2011 del PP la que nos ha traído hasta aquí en el tema del aborto. Todavía sigue operando en el CGPJ, cuya renovación sigue siendo torpedeada por el PP en la oposición.
El PP ha estado jugando con la Constitución. No solamente con el recurso de inconstitucionalidad contra la LO 2/2010, sino en otros terrenos también. Ha intentado que el país se siguiera dirigiendo con base en la interpretación extraordinariamente conservadora de la Constitución que impuso entre los años 2011 y 2015. Y lo ha conseguido parcialmente. Únicamente en la legislatura que empezó con las elecciones generales de noviembre de 2019 se está consiguiendo revertir dicha interpretación, que, precisamente por eso, el PP no ha dudado de calificar de “ilegítima”.
En lo que a la interrupción del embarazo se refiere, el PP empezó a jugar con el recurso de inconstitucionalidad en el mismo momento de la interposición del mismo. Y empezó a jugar con la técnica de las “medidas cautelares”, de las que el lector está debidamente informado por la forma en que el PP ha vuelto a jugar en la reciente renovación parcial del TC. El escrito del recurso de 1 de junio de 2010 pretendía recuperar el “control previo” de constitucionalidad de las leyes orgánicas mediante la solicitud de la adopción de “medidas cautelares” por parte del TC, que dejaran en suspenso los preceptos que el escrito del recurso consideraba anticonstitucionales.
El interés del PP estaba en las “medidas cautelares”, que, de haber sido adoptadas, hubieran generado un conflicto constitucional de primera magnitud en el año inmediatamente anterior a la celebración de elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2011 y generales a finales de dicho año. El PP utilizó el recurso para intentar dar una suerte de golpe de gracia al Gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero de cara a las próximas elecciones.
La jugada estuvo a punto de salirle bien. El Auto 90/2010, de 14 de julio, mediante el que se denegó la suspensión de los artículos solicitada por el recurso del PP, tuvo cinco votos particulares a favor de la admisión de la suspensión.
Una vez denegada la admisión de las “medidas cautelares”, el PP se desentendió del recurso. Mariano Rajoy, con buen olfato, entendió que, estando el PP en el Gobierno, incluir el aborto en la agenda política tenía más coste que beneficio.
Y no se equivocaba. En Estados Unidos acabamos de ver como el rechazo de la Corte Suprema, con tres magistrados designados por Donald Trump, de la doctrina de Roe vs. Wade de 1973, que consideró el aborto como un derecho constitucional de la mujer embarazada, ha tenido un coste electoral muy alto para el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de 2022. Poner en cuestión el aborto divide a la derecha y moviliza a la izquierda. Esto lo intuyó Mariano Rajoy y por eso, se dejó dormir el aborto de manera indefinida.
Si el presidente del TC quiere que la decisión sobre el aborto suponga el inicio de un proceso de recuperación del prestigio del TC, tiene que enfrentarse al “juego” que se ha practicado a lo largo de casi trece años con el recurso de inconstitucionalidad. Si no lo hace, la sentencia ahondará en el desprestigio de la institución.