En España se ha implantado la tasa turísticas en dos comunidades autónomas, Cataluña y Baleares, y se llegó a aprobar una ley aunque sin llegar a ejecutarse en la Comunidad Valenciana. En todos los casos han sido legislaciones de ámbito autonómico que están permitidas dentro de la normativa actual aunque luego se han establecido mecanismos para que los ayuntamientos tengan autonomía a la hora de implementar o no este tributo y para que obtengan los recursos que se generen por esta medida. No obstante, el impuesto turístico tiene otra vía para implementarse: una reforma de la Ley de Haciendas Locales que depende del Gobierno central . En este caso, se trataría de incorporar un nuevo posible tributo, de carácter voluntario para los ayuntamientos, y que el dinero se ingrese directamente en las arcas municipales. Esta opción no se ha planteado formalmente en el Congreso de los Diputados, donde tiene que haber una mayoría para que se pueda tramitar. Después de meses con una posición contraria a la tasa y tras anunciar la convocatoria de una mesa de sostenibilidad turística con ayuntamientos y empresarios (que aún no se ha activado de forma efectiva) el Gobierno andaluz apuesta ya abiertamente por esta segunda opción. Así, da respuesta a las peticiones de ayuntamientos como Málaga o Sevilla . Y, al mismo tiempo, evita una ley autonómica que establezca un nuevo impuesto en Andalucía asumiendo además el desgaste con el sector turístico. Es la propuesta que ya están defendiendo regidores como Francisco de la Torre. Esta semana, en el Parlamento andaluz, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, lo ha reiterado a preguntas de la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez: « La única forma de tener un tributo turístico y que pueda ser cobrado por los ayuntamientos es a través de una modificación de la ley de haciendas locales . La competencia es estatal»
