Las bancadas del crimen organizado, por Indira Huilca
El reciente paro de transportistas en Lima, que involucró a más de 60 empresas, es muestra de la profunda crisis social y política en la que estamos inmersos. Esta paralización mostró nuevamente el desprecio de este régimen hacia la ciudadanía. Respuestas como la del ministro de Educación, Morgan Quero, al rechazar “hacer juego” al paro, reflejan claramente esta postura. ¿Cómo puede confiar la población en un sistema que desatiende sus demandas?
El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú afirmó que “somos el país más seguro después de El Salvador”, lo que sugiere que la inseguridad es solo un problema de percepción.
Sin embargo, los datos oficiales revelan que en 2023 se registraron más de 12.000 denuncias por extorsión y más de 400 homicidios por sicariato, con un aumento del 50% en comparación con el año anterior. Miles de ciudadanos, además, no se atreven a denunciar.
La corrupción en las fuerzas del orden es innegable. ¿Hasta dónde están implicados los comisarios y la policía en los mecanismos ilegales de recaudación? La dificultad para intervenir a las mafias, que operan desde los corredores de transporte hasta los paraderos de mototaxi, evidencia una falta de voluntad política. Un informe periodístico de Juan Pablo León revela, por ejemplo, que un grupo de agentes de la policía vende celulares robados en Las Malvinas.
El Gobierno y el Congreso han alimentado la corrupción policial, judicial y política. Ante la ola de criminalidad, han respondido con medidas como la Ley 32108, que minimiza la gravedad de ciertos delitos, y con soluciones demagógicas como la propuesta de un nuevo delito de “terrorismo urbano”.
El fujimorismo y sus aliados, investigados por corrupción y que han contribuido a crear un entorno de impunidad, ahora se presentan como salvadores, pidiendo “mano dura”. Esta hipocresía es inaceptable. Los mismos que han bloqueado reformas ahora intentan capitalizar el miedo que ellos mismos han alimentado.
Si queremos un cambio real, la aplicación de la ley debe ser rigurosa, especialmente contra quienes han abusado de su poder político. Solo así podremos reconstruir la confianza en nuestras instituciones y enfrentar el verdadero enemigo: la corrupción que alimenta la criminalidad. La complicidad del Gobierno y el Congreso es una ofensa a la ciudadanía que clama por justicia y seguridad.