La Administración acostumbra a no realiza nunca análisis coste-beneficio de las decisiones que adopta. No tiene costumbre, no le parece necesario, ni siquiera algo relevante. La medida que estudia el Ministerio del Interior es una buena muestra de ello. Se supone que una mayor información y un mejor control sobre las personas que pernoctan en hoteles, pensiones, pisos turísticos o alquilan coches en nuestro país derivará en un aumento de la seguridad ciudadana. Es más que probable que así sea, pero no se sabe cuánto mejorará -quizás sea difícil evaluarlo de antemano-, ni, sobre todo y eso es lo malo, nadie se ha tomado la molestia de cuantificar cuánto se incrementarán los costes del sector como consecuencia de los gastos...
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