Ante la presión del sector turístico, el Ministerio de Interior ha dado marcha atrás -aunque sea temporalmente- en su real decreto de registro de viajeros , norma que debía obligar a todos los intermediarios que intervienen en la contratación de servicios turísticos –hoteles, agencias de viajes y alquileres de vehículos– a compartir con la policía los nombres, edades, correos electrónicos, tarjetas de crédito, fechas de salida, domicilio y otros datos de sus clientes. Precisamente por la oposición de las empresas del ramo, que fue unánime e inusitada, recientemente la entrada en vigor de la norma había sido pospuesta, del uno de octubre al dos de diciembre. Pues bien, entrará en vigor, pero el criterio que se adoptará, por el momento, es el de no exigir a los sujetos obligados por dicha normativa ningún dato de los que constan en los Anexos de dicho Real Decreto que no se esté recabando ya en la actualidad. De igual modo, Interior se ha comprometido a reactivar la posibilidad del desarrollo de una Orden Ministerial por seguridad jurídica, si bien ha avanzado que sería un proceso largo y ha señalado que, si se acabara aprobando, en ningún caso sería antes de la entrada en aplicación de dicha norma. Así lo ha informado la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) en un comunicado tras una reunión entre el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska y miembros del Consejo de Turismo de la CEOE, del que forma parte la patronal. La CEAV ha sido de las patronales más duras con la medida, que consideran que impone a las empresas -la mayoría de ellas pymes- una carga de trabajo excesiva y les hace llevar a cabo una tarea, el recabado de datos, que también tendrán que hacer los hoteles; es decir, que lo consideran un esfuerzo inútil. Desde CEAV, explican en el comunicado, continuarán insistiendo «en la necesidad de excluir a las agencias de viajes del ámbito de aplicación del RD, entre otras razones, por no estar incluidas las mismas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana de la que deriva este RD, por infringir la normativa de protección de datos y por implicar cargas demasiado onerosas y desproporcionadas para las agencias de viajes».
