Fernando Grande-Marlaska suele acertar cuando rectifica. La presión del sector turístico, cargado de sentido común y de unas cifras económicas que obligan a la prudencia, ha obligado al titular de Interior a dar marcha atrás en su proyecto de intervenir una industria –hoteles, agencias de viajes y alquileres de vehículos– que pretendía convertir en una franquicia policial para el registro de los datos más personales de sus clientes. El pasado miércoles ABC alertaba desde esta misma página contra las consecuencias de un decreto que el Ministerio del Interior, en un alarde de reflejos, desarrollará más adelante, sin prisa, y a través de una orden ministerial para la que ni siquiera hay fecha. Todo queda en suspenso . Mientras adapta la Ley de Seguridad Ciudadana a las necesidades de EH Bildu, Grande-Marlaska tendrá tiempo de evaluar el calado de un decreto cuyas exigencias hacia el turista contrastan con el margen de maniobra concedido a las turbas de Otegi.
