Congreso contra los políticos
Sin ningún tipo de miramiento técnico –como está acostumbrado–, el Congreso del pacto gobernante ha decidido aprobar la ley que crea el Colegio de Politólogos en nuestro país.
La noticia es de particular trascendencia debido al nivel de imposición que involucra para un grupo de profesionales peruanos que serán obligados a pertenecer a una entidad que no contempla ni sus necesidades y que más bien limita el ejercicio de su disciplina.
Los estudiantes de cuatro escuelas de Ciencia Política del país pertenecientes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Nacional Federico Villarreal han sido enfáticos al denunciar cómo esta norma ha sido aprobada por insistencia de espaldas a la comunidad politológica del país.
En su pronunciamiento han criticado que los congresistas no han tomado en cuenta la diversidad en la que se manejan los politólogos en el campo de la investigación, que exceden a los cargos en puestos públicos, como pretenden quienes han impulsado esta ley.
En ese sentido, advierten a la opinión pública y al Gobierno sobre los enormes riesgos de instrumentación política que esta normativa genera sobre la disciplina debido a que esta decisión abriría las puertas para la persecución ideológica.
Los estudiantes afirman que este nuevo órgano podría degenerar prontamente en la censura de voces disidentes que, en los tiempos que corren, serían aquellos que plantean visiones críticas –debidamente sustentadas desde la especialización– a propuestas que carezcan de calidad y, por ende, afecten al desarrollo de nuestra sociedad y economía.
Además, 173 profesionales que ejercen y educan a politólogos han manifestado el carácter profundamente excluyente que tiene la ley aprobada por la mayoría parlamentaria y cómo esta bloquea el propio crecimiento de la disciplina. De esa manera, aseveran que esta mala ley ni promueve ni protege el ejercicio profesional de la Ciencia Política en el Perú.
Por lo tanto, desde nuestra casa editorial reafirmamos la misma interrogante que realizamos en nuestro anterior editorial, ahora, al Gobierno, el cual debería observarla y proponer su derogación. ¿A quiénes realmente favorece esta ley?