A la misma mesa se sentaron ayer el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, l ocalidad del alfoz de Valladolid, y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para abordar la situación del edificio Arroyovereda, formado por varios bloques y en el que más de cincuenta viviendas permanecen okupadas. El objetivo era ir buscando una solución en esta comunidad, donde, según Sareb, ya se han interpuesto «44 denuncias judiciales por la vía civil o penal para solicitar el desalojo de vecinos conflictivos». El encuentro lo han centrado las alrededor de 16 familias que la Sociedad considera que están en una «situación de vulnerabilidad» y que, «según el marco legal», no podrían ser expulsadas de las viviendas. Para ellas, la entidad propone aplicar el programa de alquiler social , que, según indican, conlleva también un seguimiento y acompañamiento. Uno de estos núcleos ya se ha incorporado a esta iniciativa. Una medida que desde el Consistorio rechazaron de plano, ya que, a su juicio, supondría «legalizar» a los «okupas» . «Los vecinos de Arroyovereda compraron sus pisos en el mercado libre y es intolerable que ahora se concedan allí alquileres sociales a personas que accedieron a esas viviendas por la fuerza , ocupándolas», manifestó el el concejal de Presidencia y Seguridad, Alfonso González. «Se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario, que son los verdaderos vulnerables aquí», consideró en un comunicado antes de recordar que la situación del edificio puede provocar un «efecto llamada» y que, además, «la convivencia» en la zona «se está viendo afectada» con «con frecuentes intervenciones de la Policía Local». Por su parte, desde el Sareb mostraron «su voluntad de gestionar esta compleja situación en colaboración con el Ayuntamiento», a quienes expusieron los dieciséis casos que han detectado como «vulnerables» para determinar si se deben incluir en su programa de alquiler social con acompañamiento. La Sociedad «no seguiría adelante» con esa medida en tres supuestos, detalló en un comunicado. Bien, si los servicios sociales del consistorio «certifican formalmente» que los residentes de dichas viviendas «no son vulnerables», o «aportan un informe policial que acredite que son conflictivos», o bien, «alternativamente, facilitan una solución habitacional para las familias afectadas» . De lo contrario, «seguirá adelante con su protocolo de gestión de la vulnerabilidad, adecuándose así al marco legal establecido», concluyó. Por su parte, los vecinos del edificio aseguraron desconocer que la reunión se iba a celebrar, rechazan también el alquiler social y piden que se siga avanzando en la solución.
