El Gobierno contra Muface y la sanidad privada
Aunque a los políticos españoles les gusta sacar pecho por la excelente calidad de la sanidad pública nacional, lo cierto es que cuando los ciudadanos pueden escoger no suelen decantarse por la pública. Por ejemplo, el colectivo de los funcionarios goza de un derecho del que, por desgracia, no disfrutan el resto de ciudadanos: escoger cada año si desean ser atendidos en la sanidad pública o en la sanidad privada. Y cerca del 80% de los empleados públicos, oh sorpresa, ha escogido la sanidad privada de manera sostenida a lo largo de las últimas décadas.
Acaso por ello, para que ni siquiera los funcionarios puedan revelar su mayoritaria preferencia hacia el sistema privado, el Gobierno PSOE-Sumar ha tomado cartas en el asunto para erradicar esa alternatividad. Lo ha hecho ofreciendo un volumen de financiación marcadamente insuficiente para cubrir el coste promedio de los servicios sanitarios recibidos en la privada por los funcionarios, con la evidente esperanza de que el concurso público quede desierto y de que, por tanto, todos los funcionarios se vean forzados a acudir a la pública por falta de alternativa privada. Si esto termina sucediendo, el sistema público deberá absorber a partir del 1 de enero de 2025 a casi 1,5 millones de nuevos usuarios en un momento en el que ese sistema público ya está altamente tensionado (tanto en términos de decreciente calidad como de crecientes listas de espera).
Por mucho que la financiación pública que previamente se dirigía a Muface –y de ahí a las aseguradoras privadas– se reoriente a partir de ahora a aumentar los recursos del sistema público, ¿logrará de golpe –y a un mismo coste– incrementar proporcionalmente la provisión de servicios sanitarios para que la atención que reciben los ciudadanos no se deteriore aun más? Paradójicamente, los únicos que saldrían ganando con este sabotaje del Gobierno al régimen de Muface serían los usuarios de la sanidad privada, que verían sus centros descongestionarse en 1,5 millones de personas. Al final, el Gobierno parece estar más bien obsesionado con engordar el tamaño del Estado que con mejorar la calidad de la sanidad a decenas millones de españoles.