El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad la impugnación del Gobierno contra varios apartados del Acuerdo del Gobierno de Canarias sobre los menores extranjeros no acompañados, un protocolo que actualmente ya estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Ejecutivo central recurrió al TC hace apenas unos días al entender que el protocolo canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo , impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula «cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias». El gobierno canario sostiene que los niños que llegan solos a tierra sin un familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de la Policía o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida. Prevé que sólo se hará cargo de ellos en los centros de la comunidad autónoma si han sido correctamente identificados y si hay plazas disponibles. Pese a que el TSJC suspendió el texto, aseguró entender las quejas del Ejecutivo autonómico. «No le falta razón al Gobierno de Canarias cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone y seguramente también cuando se objeta la forma en que se procede a la entrega de los menores extranjeros, a la vista de la documentación que aporta», señalan los magistrados, que consideran, no obstante, que ha de primar el interés superior de los menores.
