Al sector editorial se le acumulan los problemas. A la piratería, que viene siendo un agujero negro desde la irrupción de internet sin que en todos estos años la situación haya mejorado demasiado, se añaden dos nuevas amenazas: el avance de los modelos de inteligencia artificial generativa y la pereza de la Administración a la hora de proteger y pagar por los derechos de autor. Este cóctel, que tiene como principales perjudicados a escritores, periodistas, traductores o editores, ha llevado a la principal asociación de España que gestiona sus derechos de autor, Cedro, a reclamar medidas para revertir la situación de «desventaja competitiva» que sufre el sector, «afectando de manera negativa a su sostenibilidad». «Quizás ha llegado el momento de ser más críticos», dijo este martes Jorge Corrales , director general de la entidad. Durante la presentación del Segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita , Corrales denunció que el desarrollo de los programas de IA, que poco a poco están adquiriendo la capacidad de sustituir el trabajo de escritores o traductores, se ha hecho sin que las compañías hayan pedido permiso o pagado a los autores cuyas obras han sido rastreadas en ese proceso de aprendizaje. «OpenAI comenzó como una entidad sin ánimo de lucro y dedicada a la investigación; hoy tiene un valor de mercado de más de 150.000 millones de dólares. ¿Esto significa que una parte de ese dinero proviene de un trasvase desde el sector creativo hacia la entidad que inicialmente no se prestaría a fines comerciales?», comentó. «Desde Cedro pensamos que es importante que el marco legal sea claro, que no quepan interpretaciones sobre un mismo asunto -añadió-. Es esencial que su desarrollo se realice de manera consensuada, no impuesta a todos los colectivos afectados». Intervino también Carlos Fortea , traductor y miembro de la Asociación Colegial de Escritores, que hace unas semanas se adhirió a un manifiesto lanzado por entidades del sector reclamando de manera urgente más regulación frente a la IA. Fortea dijo que año tras año repiten la necesidad de que las administraciones públicas actúen y den ejemplo. «Esto no está ocurriendo», lamentó. «Estamos esperando y tenemos que tomar medidas para que tomen conciencia de su obligación», expuso. Frente a la barra libre de las grandes compañías a la hora de desarrollar sus modelos de IA generativa, afirmó que el sector no puede «firmar un cheque en blanco» por el material que entrega, y reclamó medidas antes de que sea demasiado tarde. «Hay que asegurar la permanencia del derecho, si es preciso acudiendo a medidas coercitivas». Algunos de los asistentes al acto comentaban que quizá ya sea demasiado tarde. Según el informe de Cedro, la sociedad española respalda por abrumadora mayoría el trabajo de autores y editores del sector de los libros y la prensa, y el 87,57 por ciento opinan que la Administración debe adoptar medidas para proteger la propiedad intelectual. Esto no solo va de legislar, sino de dar ejemplo: Cedro ya ha denunciado que los gobiernos de turno no pagan por los 'clipping' de prensa o por la distribución de libros o artículos en el sistema educativo. Sobre la piratería, el informe menciona que el 67,5 por ciento de los consumidores de contenidos editoriales digitales los obtienen a través de canales ilícitos. «Hemos vuelto a entender el mensaje», dijo en su intervención Abelardo de la Rosa , secretario de Estado de Educación. «Me comprometo a hacer todo lo que esté en nuestra mano normativa y culturalmente».
