Sin pruebas ni garantías: Coaccionan a detenidos en protestas poselectorales para que «admitan» delitos
La ONG Provea informó este viernes que detenidos luego de las elecciones del 28 de julio, en contexto de protestas opositoras, son presionadas y amenazadas para que «admitan delitos que el Ministerio Público (MP) les ha imputado sin pruebas» y «sin garantías» al «debido proceso», según denuncias que recibió la organización de familiares de los apresados
A través de X, la ONG informó que los familiares denunciaron que «agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal», incluso mediante «el sometimiento a torturas y tratos crueles», que incluyen «golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas».
«Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos», señaló Provea, sin precisar si recibió algún tipo de prueba, además de los testimonios de familiares, para sustentar la afirmación.
Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el «concepto de tortura y tratos», así como «penas crueles», no se limita a «prácticas de violencia física o psíquica», sino que incluye también «condiciones de detención que no respetan la dignidad humana», como «casos de hacinamiento» y «malas condiciones de reclusión», entre otras.
Denuncia familiares de detenidos
Según Provea, las denuncias de los familiares proceden de detenidos en las cárceles de Tocuyito, Tocorón, el Rodeo y Las Crisálidas.
Tras las elecciones presidenciales, más de 2.400 personas fueron detenidas, según cifras del Ejecutivo, en contexto de protestas masivas suscitadas contra el resultado oficial que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro, una victoria que ha sido cuestionada dentro y fuera del país.
Las personas detenidas, señaló Provea, están siendo «acusadas de terrorismo», un delito que, según la legislación venezolana, contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión.
«El elevado número de personas acusadas de terrorismo por el Gobierno de Maduro y el cooptado sistema de administración de Justicia venezolano ratifican lo que varias relatorías de Naciones Unidas han calificado como ‘abuso crónico’ de la legislación antiterrorista«, manifestó la organización.
La Fiscalía venezolana acusa a los manifestantes de generar «violencia» y «vandalismo» durante las protestas, afectando así a sedes de organismos públicos, mientras que la mayor coalición opositora, que denuncia como «fraudulento» el resultado electoral, señala a los agentes de seguridad del Estado de «represión».
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