El diputado nacional del PP por Málaga y secretario segundo de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Cristóbal Garre, ha señalado que la provincia cuenta con el 15% de su parque de vivienda vacío, lo que se traduce en más de 150.000 inmuebles, «una cifra creciente por la inseguridad que generan las medidas ideológicas y sectarias aplicadas por el Gobierno de Sánchez», marco en el que también ha apuntado la necesidad de reformar el Código Penal para impedir que «los 'okupas' puedan empadronarse en la vivienda allanada». Así, Garre ha destacado en una nota la «apuesta decidida» del Partido Popular para atajar el problema de acceso a la vivienda con propuestas como incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas vacías en alquiler o desalojar a los 'okupas' en un máximo de 48 horas. Ha señalado la «necesidad» de que el Gobierno «se implique y dé respuestas» ante un problema que, «en pocos años, ha escalado del puesto decimoquinto al segundo que más preocupa a los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), del mismo modo que la 'okupación' se ha incrementado un 40% desde que Sánchez es presidente». De este modo, ha calificado de «nefasta» la norma estatal aprobada hace año y medio «y que ha derivado en el aumento de los precios, tanto de compra como de alquiler, además de que la desprotección de los propietarios frente a la 'okupación' ha generado que muchos retiren sus viviendas del mercado de larga duración, reduciendo de este modo la oferta», ha explicado. Además, Garre ha criticado que PSOE y Sumar no se pongan de acuerdo con la Ley de Suelo, «lo que les ha obligado a retirarla y eso deriva en una merma de la oferta en el mercado, lo que se traduce en el encarecimiento de los precios», ha subrayado. Frente a esta situación, ha continuado, «el PP propone una Ley de Vivienda que planta cara a la 'okupación' y que aboga por reducir los trámites administrativos, aumentar los incentivos fiscales y, sobre todo, que haya más suelo para poder construir y aumentar de este modo la oferta, reduciendo así los precios». Por último, Garre ha incidido en que «entendemos que la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez no debe comprometer el mandato constitucional que reconoce el derecho a la vivienda; un derecho que debe atender la administración central y no los propietarios». Por ello, el diputado nacional por Málaga ha destacado que «desde el Partido Popular ofrecemos soluciones y asumimos este reto, incluso sin ser nuestra competencia, como hacemos desde los ayuntamientos, mientras que Sánchez se limita a prometer miles de viviendas, como las más de 200.000 anunciadas en campaña --10.000 de ellas en Málaga--, que luego nunca construye», ha concluido.
