Huelga de inquilinos
La vivienda es, desde luego, uno de los grandes problemas de la economía española, sobre todo para un subconjunto de la población como son los jóvenes. Dado que la oferta se ha mantenido congelada y la demanda se ha seguido disparando especialmente en las grandes ciudades (por concentración de la población en esas grandes ciudades, pero también por la reducción del tamaño de los hogares o por la creciente inmigración), los precios, tanto como de compraventa cuanto de alquiler, se han disparado. Y eso está asfixiando financieramente a muchas familias. Pero la solución a un problema de este calibre no pasa por aplicar malas medidas que lo agraven aún más, sino por incrementar la oferta para dar acomodo a la mayor demanda. Sucede que, en medio de la desesperación por los altos precios, tienden a prevalecer las malas ideas económicas sobre cómo atajar las dificultades. Por ejemplo, este pasado fin de semana, el Sindicato de Inquilinas se manifestó por toda España reclamando una regulación de los precios del alquiler (que sólo agravaría la carestía de vivienda respecto a sus ya críticos niveles actuales) y, mientras éste no llegara, amenazaron con convocar una huelga de inquilinos por todo el país.
¿Qué significa una huelga de inquilinos? Pues que los arrendatarios dejan de pagar sus rentas a los arrendadores hasta que éstos se las rebajen a unos niveles considerados «justos» o «razonables»: ahora mismo, cuantifican el monto de esa rebaja «exigible» a los caseros en un 50%. Ocurre que promover una huelga de inquilinos no volverá la vivienda más accesible, sino mucho menos. Por un lado, quienes dejen de pagar un alquiler serán desahuciados. Por otro, si se extiende el riesgo de impago arbitrario del alquiler, los arrendatarios exigirán o mayores precios o mayores garantías o, directamente, filtrarán mucho más a los inquilinos en función de su situación económica: es decir, que aquellos que sigan los consejos del Sindicato de Inquilinas lo tendrán aún más complicado para encontrar una vivienda. No, el camino para solucionar la crisis de vivienda no pasa por restringir la oferta, sino por liberalizarla y fomentarla.