No lo quieren decir alto por precaución, pero en el Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago consideran injusta la pena solicitada por la Fiscalía de Toledo por un presunto delito de prevaricación administrativa: nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para cada uno de los ocho miembros del equipo de gobierno que en 2021 decidieron no renovar una licencia municipal a un vendedor ambulante de fruta. El juicio estaba señalado en la Audiencia Provincial de Toledo para esta semana, aunque fue suspendido el 16 de septiembre y no tiene una nueva fecha. Dado el revuelo al conocerse la supuesta celebración de la vista oral, el equipo de gobierno de este municipio de unos 2.600 habitantes se defiende y, en un comunicado hecho público este lunes, sostiene que no ha prevaricado. « La alcaldesa como los concejales implicados niegan los hechos tal y como han sido presentados por la parte denunciante, un vendedor ambulante del mercadillo municipal», dicen. Como ya informó ABC, la historia se remonta a marzo de 2021, un mes en el que había medidas especiales por la pandemia del Covid, recuerdan desde el consistorio. La alcaldesa, la socialista María Concepción Monzón de Gracia, y su equipo de gobierno adoptaron suspender temporalmente la licencia del denunciante porque se saltó las normas. «Fue tomada en respuesta a la negativa del vendedor a cumplir con las medidas sanitarias establecidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19», explican en el escrito, difundido en las redes sociales del consistorio. Esas medidas incluían la rotación de los puestos de venta para garantizar la distancia de seguridad y proteger a la ciudadanía, algo que el vendedor de fruta se negó «a acatar» . Llegó incluso a enfrentarse verbalmente con funcionarios municipales, «tal como se ha acreditado en diversas declaraciones durante el proceso judicial», subrayan desde el equipo de gobierno. Recalcan también que las resoluciones del consistorio «fueron urgentes, debido a la situación sanitaria, lo que pudo dar lugar a imprecisiones técnicas y jurídicas que, posteriormente, fueron corregidas y debidamente notificadas al interesado». Y resaltan que esas acciones «fueron conformes a derecho ». En el escrito de acusación difundido a los periodistas la pasada semana, la fiscal que lo firma no explica el contexto sanitario en el que se produjeron los hechos ni alude a la versión ofrecida por el consistorio. Sí relata que el vendedor recibió una carta certificada el 8 de marzo de 2021, en la que el ayuntamiento le comunicaba que no le renovaba la licencia. «Sin iniciar el trámite administrativo oportuno y sin alegar causa legal concreta o incumplimiento de condición alguna», afea la representante del Ministerio Público. Pero desde el equipo de gobierno sostienen que esta acusación no tiene sentido y la consideran desproporcionada. «No hemos prevaricado, somos honestos y sólo cumplimos las normas sanitarias» , declara a ABC Alberto Hernández, uno de los siete procesados. Primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Desarrollo Industrial, desconoce por qué se suspendió el juicio, todavía 'sine die'.
