No hay precedentes desde la Transición de un ataque al poder judicial como el que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez, que no pierde ocasión de deslegitimar a los tribunales cuando sus resoluciones son adversas. Cualquier juez o fiscal sabía que la querella del presidente contra Peinado estaba destinada al fracaso. Era humo para fabricar titulares. Y también era previsible que el fiscal general del Estado acabara siendo investigado por el Supremo por revelación de secretos. Ambas decisiones han provocado la ira de un Gobierno que no entiende la separación de poderes ni asume la independencia de los tribunales. Uno de los magistrados que han defendido el Estado de derecho en los últimos años ha sido Manuel Marchena,...
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