El Gobierno ha decidido hacer permanente el impuesto provisional a las energéticas bajo la premisa de que estas empresas, con importantes dividendos, tienen que aportar más al sostenimiento social. Las afectadas han advertido que el «impuestazo» gubernamental les obliga a paralizar sus inversiones y a deslocalizar algunos de sus proyectos, ya que el incremento de la fiscalidad tendrá efectos sobre la rentabilidad. Cepsa, con importantes intereses industriales en las provincias de Huelva y Cádiz, es una de las empresas que anuncian freno a la inversión. La decisión pone en jaque los proyectos del llamado Valle andaluz de Hidrógeno verde, que prometía invertir en la comunidad 3.000 millones de euros y crear más de 10.000 empleos. Sea o no cierto el...
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