Al mismo tiempo que impulsa con gobiernos autonómicos y municipios el proyecto 'región 20' para eliminar las barreras territoriales que dificultan a las empresas operar en condiciones similares en distintos puntos del país, el Ministerio de Economía aprobó ayer dos proyectos legales que en conjunto incrementan las obligaciones de información y las cargas administrativas que se exigen a las empresas que operan en España. Y eso que uno de ellos lo que hace es elevar un 25% los umbrales para que una empresa sea considerada como mediana o grande y, por tanto, eximirá de las obligaciones ligadas a esa condición a un puñado de compañías que tendrán requisitos menos exigentes. El Gobierno, sin embargo, ha perdido la oportunidad de ir...
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