Represalias del gobierno
Las represalias se han convertido en cosa rutinaria en el gobierno, sobre todo contra aquellos funcionarios que se atreven a confrontar, con criterios técnicos y legales, decisiones políticas que van contra el interés nacional y el buen uso del dinero público. Las sacadas de clavo son un mal síntoma. Reflejan perversidad y degradación moral, aunque lo más preocupante es que una porción de ciudadanos las toleran, sin mayor criticidad, o las justifican sin medir las consecuencias sociales y económicas que tiene la descomposición de los valores de quienes ostentan el poder en el Estado.
Las revanchas van contra aquellos que se atrevan a cuestionar millonarios contratos públicos en los cuales la clase gobernante pone el ojo. Entre los casos sonados está la directora de comercialización de Kölbi, removida por no acatar la orden de contratar pauta publicitaria a medios y páginas de Facebook sin mayor alcance, como lo determinó la comisión investigadora del Congreso.
Otro caso es el del viceministro de Justicia, destituido por adversar la “ocurrencia” dictada desde arriba para gastar (desperdiciar) ¢2.600 millones en una inusual cárcel hecha de carpas con cortísima vida útil. Sumemos a la lista al ingeniero de Aviación Civil separado de la jefatura de la unidad ejecutora del arreglo de la pista de Liberia después de haber rechazado la propuesta para modificar los diseños. O a la científica que dirigía el Programa de Humedales del Sistema Nacional de Conservación, separada cuatro días después de negarse a acatar la orden de reducir en mapas el área de Gandoca-Manzanillo, uno de los 12 sitios protegidos por la convención internacional sobre humedales Ramsar. Aquí no había contrato de por medio, pero sí un interés particular.
Y, ahora, en el caso judicial Barrenador, está la revocatoria del nombramiento del jefe de la CCSS que se negó a firmar el análisis de costos que sirvió de base para la cuestionada contratación de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis, pese a la sospecha de la Fiscalía de que se pagó un sobreprecio de ¢12.400 millones al año.
Hay más ejemplos, todos reflejo de preocupante opacidad. Quienes han perdido puestos o nombramientos por represalias pueden, al menos, dormir tranquilos porque actuaron con honradez.
Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación