El Consejo de Ministros aprobó ayer las dos primeras medidas de su pomposo (y falaz) 'Plan de acción por la democracia', orientadas supuestamente a luchar contra la corrupción, pero que esconden el reforzamiento del control que el Ejecutivo de Sánchez ejerce sobre el Ministerio Público. Bolaños anunció la creación de dos nuevas fiscalías, una de delitos contra la Administración Pública y otra de Delitos Económicos, «bajo la dependencia directa del fiscal general del Estado», como se encargó de aclarar el ministro de Justicia. Resulta del todo inquietante que así sea, pues García Ortiz es investigado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, amén de haber recibido la reprimenda del Alto Tribunal por «desviación de poder» y de haber sido el primer fiscal general de la historia considerado «inidóneo» por el CGPJ. La creación de estas fiscalías se produce en contra de la opinión mayoritaria de la carrera , que teme que una de ellas invada competencias de la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada, creando claras disfunciones en la persecución de los delitos de este ámbito.
