El uso que el Ayuntamiento de Alicante hace del silencio administrativo costará a las arcas municipales más de 800.000 euros. El expediente de la tercera modificación de créditos impulsada recientemente por el ejecutivo local recoge una partida para sufragar hasta cuatro sentencias en las que se afea al gobierno de Luis Barcala que no haya hecho «absolutamente nada» por responder a los demandantes. En concreto, se destinará un total de 862.424 euros de dinero público a afrontar el pago de facturas fuera de plazo e intereses provenientes de sentencias judiciales que condenan al Ayuntamiento por no haber abonado a tiempo dichos servicios.
