Con un horizonte incierto para los Presupuestos de 2025 y la certeza de que cada movimiento legislativo que plantee le va a supone un dolor de muelas por la asimetría ideológica de los apoyos que lo sustentan, el Gobierno ha elegido un rutinario proyecto legal de transposición al ordenamiento español del impuesto mínimo europeo del 15% a las multinacionales para tratar de sacar adelante las medidas fiscales que necesita no solo para conseguir ingresos extra para reducir el déficit sino para introducir medidas que se puedan interpretar por la Comisión como una reforma fiscal. Montero ha tenido que renunciar a incorporar como permanentes los impuestos a energéticas y banca -si bien este último se mantendrá tres años más-, y a...
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