Anunció que lo haría y ha pasado a la acción. La Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana ha recurrido ante el tribunal de contratación de la Junta de Andalucía los ocho pliegos de condiciones que regularán durante los próximos dos años la prestación del servicio dirigido a niños de hasta seis años que presentan necesidades especiales por deficiencias en el desarrollo o con riesgo de padecerlas. Desde este colectivo entienden que será «insostenible» si se lleva a la práctica tal y como lo plantea la administración autonómica y reclama un aumento de las. El escollo, que la patronal lleva denunciando desde el pasado mes de julio, es que la Junta de Andalucía mantiene el precio fijado como ayuda por sesión en 28 euros, el mismo que ya había en el año 2020. Pero en estos cuatro años, argumenta la patronal, los costes han subido de manera considerable y el servicio es «deficitario» . De no incrementarse la aportación de la Junta, advirtieron de que muchos centros «están abocados a su desaparición» y eso repercutiría en una «evidente merma» en un servicio «básico y esencial», no sólo para los niños sino también para sus familias, recordó el presidente de la patronal, Gonzalo Caba. El incremento de la inflación desde el año 2020 ha sido del 15% y el de los salarios del personal se situará a lo largo del año 2025 en el doce por ciento. « En este colectivo estamos perdiendo dinero », sentencia Caba, que recuerda que en otros puntos de España la aportación administrativa es mucho mayor. Así, en el País Vasco, de 48,51 euros; en Baleares, de 42,37; y en La Rioja, de 48,28, por citar los tres ejemplos más claros, aunque Murcia, Navarra y Galicia también están por encima en ese sentido. En Andalucía hay 211 centros de Atención Temprana que atienden a niños de entre 0 y 6 años . En ellos trabajan aproximadamente mil profesionales.Además, en el recurso ahora presentado se impugnan «criterios de adjudicación que afectan a la calidad del servicio», como la «obligación de prestar horas de manera gratuita« o que se «discrimine» a las empresas que favorecen la conciliación de la vida familiar. La patronal ha pedido medidas cautelares para que se paralice el proceso de licitación hasta que se resuelva el recurso.
