Washington y Pekín cierran pacto preliminar mientras crecen protestas por redadas en EE.UU.

Tras una maratónica sesión de negociaciones, Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo preliminar sobre la implementación del pacto firmado el mes pasado en Ginebra. Así lo anunciaron representantes de ambos países tras dos días de conversaciones celebradas en Londres. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó que se logró un “marco para aplicar el consenso de Ginebra”, mientras que el viceministro chino de Comercio, Li Chenggang, agregó que se trataba de un principio de acuerdo entre ambas delegaciones para poner en marcha lo pactado por los líderes.

El presidente estadounidense Donald Trump no tardó en pronunciarse a través de Truth Social, donde aseguró que el acuerdo con China está cerrado, a la espera de la aprobación final por parte de su homólogo Xi Jinping y de él mismo.

Según Trump, el pacto contempla un suministro adelantado de tierras raras e imanes por parte de Beijing, elementos esenciales para la industria tecnológica y de defensa estadounidense. A cambio, Washington habría accedido a mantener abierto el flujo de estudiantes chinos hacia universidades y centros educativos del país, un gesto que el mandatario calificó como “históricamente positivo”.

No obstante, uno de los puntos que ha generado mayor confusión es el relativo a los aranceles. Trump confirmó que el nuevo acuerdo establece un 55% de impuestos para los productos chinos que ingresen a Estados Unidos y solo un 10% para los estadounidenses que entren a China. Sin embargo, expertos señalan que esta cifra es engañosa, ya que incluiría tarifas previas y otros cargos que no forman parte del pacto sellado en Ginebra.

En realidad, el consenso alcanzado se alinea más con una reducción sustantiva de las restricciones previas: del 145% al 30% por parte de Washington y del 125% al 10% por parte de Pekín.

Antes del nuevo acercamiento, Trump acusó a China de incumplir con el flujo pactado de imanes y minerales estratégicos, lo que tensó aún más una relación ya desgastada por una guerra comercial prolongada. Fue solo tras una llamada telefónica de 90 minutos entre ambos mandatarios que las dos partes acordaron bajar el tono y retomar el diálogo. Las delegaciones se reunieron en la histórica Lancaster House, en Londres, para cerrar este marco general que ahora deberá ser refrendado.

Más allá del comercio de tierras raras y metales clave, otro punto crítico en la mesa de negociaciones fue la presión ejercida por China para flexibilizar las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre su acceso a tecnologías avanzadas y el ingreso de empresas tecnológicas al mercado norteamericano. Consultado sobre la posibilidad de levantar esos controles, Trump respondió con un evasivo “ya veremos”.

Al mismo tiempo que se aguarda la validación oficial del pacto e informaciones sobre detalles de los puntos acordados, los mercados siguen de cerca sus implicancias. En los últimos meses, el volumen de exportaciones chinas hacia Estados Unidos se desplomó, con una caída del 12,7% en mayo respecto a abril. Más aún, el intercambio bilateral de bienes tocó niveles históricamente bajos, similares a los registrados en los momentos más duros de la pandemia del Covid-19. El déficit comercial estadounidense con China se redujo considerablemente, y aunque eso puede parecer positivo para algunos sectores, también refleja un enfriamiento preocupante en las relaciones económicas entre ambas potencias.

Nuevas protestas tensionan aún más el ambiente al interior de Estados Unidos

A parte de las negociaciones en el marco de la guerra comercial entre ambas potencias, en los últimos días la situación política interna de Estados Unidos ha experimentado una fuerte agitación. Las protestas contra las medidas migratorias del gobierno dominaron la agenda nacional.

En Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada del país, las autoridades declararon un toque de queda desde las 8:00 p.m. del martes 10 de junio hasta las 6:00 a.m (Hora local) del miércoles y reportaron “arrestos masivos” de manifestantes, 197 la primera noche, por incumplir la restricción de movilidad decretada por la alcaldesa Karen Bass y al menos 378 detenidos en los cuatro días anteriores por las manifestaciones.

Las movilizaciones que estallaron en el centro de Los Ángeles se han replicado en ciudades como Nueva York, Chicago y Atlanta, con nuevas concentraciones convocadas para este mismo miércoles. En Austin, Texas, se registraron choques entre manifestantes y la policía, lo que llevó al gobernador Greg Abbott a anunciar el despliegue de la Guardia Nacional para contener las protestas. Abbott se suma así al polémico envío de 4 mil tropas de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles por parte de Trump, una medida que, según el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, excede su autoridad.

En Los Ángeles, la alcaldesa Bass defendió que la policía local tenía bajo control la mayor parte de las manifestaciones, calificadas de pacíficas y confinadas a unas cinco calles, pero reconoció que algunos episodios de vandalismo y saqueos nocturnos obligaron a ampliar el cerco de seguridad.

Por su parte, el senador Jack Reed advirtió que emplear fuerzas armadas para reprimir protestas civiles constituye “una amenaza sin precedentes” que podría convertir una tensión local en una crisis nacional, recordando que desde la fundación de la nación el pueblo estadounidense rechaza el uso de militares en tareas de orden público.

En paralelo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó sus redadas: el pasado 4 de junio detuvo a 2 mil 200 personas en un solo día, un récord histórico. Stephen Miller, subjefe de gabinete y artífice de la política migratoria de la Casa Blanca, reiteró que la meta es elevar las detenciones a 3 mil diarias, frente a las 660 registradas en los primeros 100 días de la presidencia. Tom Homan, “zar de la frontera”, admitió sentirse insatisfecho con las cifras actuales y anunció un refuerzo de los equipos para “un rápido aumento en el número de arrestos”.

Organizaciones proinmigrantes y líderes locales denunciaron la separación de familias y la detención de personas sin antecedentes violentos. La concejala de Los Ángeles Ysabel Jurado calificó la redada en un almacén del Distrito de la Moda como “violencia estatal impulsada por el miedo, diseñada para silenciar, intimidar y desaparecer”.

Para muchos críticos, estas acciones y la postura beligerante de Trump evidencian un giro autoritario y un desprecio por los principios democráticos.

A pesar de las crecientes denuncias y el malestar en amplios sectores de la sociedad, la popularidad del presidente entre sus bases sigue en ascenso, lo que alimenta un lenguaje cada vez más agresivo en defensa de la agenda MAGA. El pulso entre la Casa Blanca y las autoridades locales apenas comienza y hay que ver hasta qué punto esto puede llegar a tensionar al gobierno federal con la autonomía de los estados.