El Gobierno de Aragón destinará un mínimo de 20 millones de euros a los afectados por las tormentas e inundaciones del pasado viernes 13 de junio; una partida que puede crecer. Así se recoge en el decreto ley que ha aprobado el día 20 de junio en un Consejo Extraordinario del Ejecutivo regional y que entra en vigor este sábado 21. Las ayudas pueden solicitarse a partir de este lunes 23 de junio. También aprueba una línea directa de 150.000 euros para la casi veintena de municipios afectados por las fortísimas lluvias acumuladas. Tras una semana de evaluación de daños, el Ejecutivo de Azcón ha articulado tres tipos de ayudas: para municipios, para agricultores y empresas; también para los vecinos que han visto cómo la crecida del río Aguasvivas se llevaba todo a su paso. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, explicó que las ayudas serán : «Por destrucción total de la casa, desde 60.480 euros, para daños estructurales graves 41.280 euros; para enseres (lavadoras, lavavajillas, neveras, mesas, sillas...) 10.320 euros y para vehículos 36.800 euros». También adelantan 150.000 euros a los ayuntamientos de los municipios afectados y que deben hacer obras de emergencia en el casco urbano. Y además «sacaremos una línea de ayudas para posibles daños de sus propias infraestructuras municipales; por ejemplo, el pabellón de Azuara», concretó Bermúdez de Castro. Este primer paquete también recoge a los agricultores y ganaderos, eso sí asegurados, que han sufrido daños en sus cosechas. Así como, con hasta 300.000 euros, a empresas, comercios y casas rurales. Además, como se había avanzado, el Gobierno regional solicita la declaración de zona catastrófica al Gobierno central y que permita a los municipios activar sus remanentes para poder contribuir en la reconstrucción. De esta forma, el Gobierno de España asumiría el 50% de todos los daños ocasionados por la tormenta. Bermúdez de Castro ha confiado en que esas ayudas «sean ágiles». El pago de estas ayudas quedaría repartido de la forma que detalló el consejero: «El 50% lo pone el Gobierno de Aragón, el otro 50% el Gobierno de España sobre la parte que no está cubierta por el seguro».
