El pasado fin de semana las familias del Colegio Sagrado Corazón (Corazonistas), ubicado en el Paseo de la Mina de Zaragoza, no daban crédito a la comunicación interna que recibieron del centro. Dos familias habían sido requeridas a raíz de las preguntas agresiones sexuales a un niño y una niña de solo 3 años para que explicasen lo que habían contado en casa sus hijos. Una de las dos familias interpuso la correspondiente denuncia el pasado viernes y ayer lunes el profesor acusado de someter con juegos sexuales en el interior de la escuela a estos menores habría sido apartado del ejercicio de la docencia. La Consejería de Educación del Gobierno de Aragón pidió al centro una actuación «inmediata» y una «transparencia total» tras la denuncia. Ayer envió a un equipo de inspectores al centro concertado y religioso en aras de cumplir el protocolo estipulado ante estos casos, garantizar la convivencia en el entorno escolar, reforzar la atención y seguimiento del caso. La Policía Nacional, a través de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), continúa con la investigación para esclarecer si se han producido más víctimas dentro del recinto educativo. Ayer agentes de la Policía Científica trabajaron también en el lugar. Según las primeras pesquisas, los dos menores de 3 años habrían descrito episodios similares, cometidos en la misma estancia del centro y por el mismo profesor. La familia de la niña acudió el pasado viernes, antes de interponer denuncia, al Hospital Materno Infantil para que su hija fuese examinada tras conocer, a través de la otra familia, lo que había contado su hijo. En ese momento se activó el protocolo de violencia sexual previsto por el Gobierno de Aragón, que continúa coordinando actuaciones con las autoridades judiciales y policiales. Desde el colegio han comunicado a las familias que están colaborando con la Policía y la Fiscalía de Menores y que han adoptado «todas las medidas necesarias» dentro del protocolo establecido. El caso sigue bajo secreto de sumario mientras se desarrollan las diligencias policiales y se amplía la toma de declaraciones a testigos y personal docente.
