RIP al INE, TEPJF, pluris y financiamiento a partidos políticos
Dice la conseja popular que cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pongas las tuyas a remojar. Esto significa que si el INE tiene sus días contados porque cinco de sus 11 consejeros se atrevieron a descalificar la elección judicial, entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en manos de Mónica Soto y sus dos escuderos “los Felipes”, deberá tener cuidado al calificar los comicios de juzgadores. Si la presidenta Sheinbaum observa cierta proclividad de los magistrados hacia la oposición, no dude, estimado lector, que también ese tribunal estará viviendo sus últimos días.
No obstante que tanto el INE de Guadalupe como el TEPJF tienen una mayoría de consejeros y magistrados afines al gobierno de la 4T, esto no garantiza que en el futuro no cambien de postura en contra de los intereses del obradorato. Por ello, han decidido que es mejor que el pueblo bueno y sabio elija a los nuevos integrantes de estos organismos mediante los acordeones respectivos, asegurando así mantener alineadas al oficialismo las dos columnas vertebrales de los procesos electorales.
Es decir, el gobierno les quita la autonomía y la independencia al INE y al TEPJF para mantener el control de las dependencias oficiales que organizan, cuantifican y validan las elecciones.
Viene la elección intermedia del 2027, en donde se renovarán la Cámara de Diputados federal y 16 gubernaturas, además de llevar a cabo la segunda parte de la elección de juzgadores, y será allí en donde se estrenará el “INE del Bienestar”, que será un apéndice de la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Electoral, que estará sometido a la Suprema Corte en manos de la 4T.
Si alguien extraña al PRI hegemónico del siglo pasado, debe desaparecer de inmediato ese sentimiento con el surgimiento de su clon en pleno siglo XXI: Morena y las rémoras que están asidas a su vientre para disfrutar de las migajas del poder.
En la reforma electoral, a la que le dan los últimos toques para presentarla al Congreso, se propone eliminar a los legisladores plurinominales.
Esto cerraría el espacio político a las minorías que utilizan esas figuras legislativas para expresar sus inconformidades contra el grupo en el poder.
Al cerrarles ese espacio, no tendrán más opciones que llevar sus inconformidades a la calle y recurrir a la violencia.
La evolución del proceso democrático de México dio pie al establecimiento de un sistema electoral mixto que permite que la integración de las cámaras de Diputados y Senadores sea de dos vías: por la mayoría relativa y por la representación proporcional.
La elección por mayoría relativa implica que, para cada puesto en disputa, se elige a la persona que obtiene el mayor número de votos emitidos.
Para el caso de los plurinominales, la ciudadanía no vota directamente por una persona o candidato, sino por un grupo de personas postuladas por un partido político en una lista indirecta.
Con este sistema de elección se garantiza la existencia de las minorías políticas para que estén representadas en el Congreso, con voz y voto.
Incluso en la época virreinal, con la Constitución de Cádiz de 1812, la corona de España reconoció el derecho político de los territorios de ultramar a tener representatividad dentro de las cortes.
Pero, ahora, en un régimen autoritario, se borra la figura de los plurinominales o los senadores de primera minoría para dar paso a un mecanismo de control total por parte del Ejecutivo sobre el Legislativo, al reducir a su mínima expresión a la Cámara de Diputados y, por supuesto, a la colegisladora.
Para muchos, la democracia mexicana es muy cara, especialmente cuando hay índices de abstencionismo del 87%, como ocurrió en la elección judicial reciente, donde cada voto emitido costó más de 600 pesos. Otros matizan al considerar que el ejercicio democrático no tiene precio porque se da voz y voto a las mayorías mediante procesos electorales pacíficos e institucionales.
Lo cierto es que la reforma electoral de la presidenta contempla la reducción del gasto a los partidos políticos y, en general, a todo el proceso electoral, lo que significa en los hechos que se reduce la oferta política y se abre la puerta, como antes, a que los partidos políticos puedan recibir financiamientos privados.
La intencionalidad de fondo de la reforma electoral es evitar la alternancia en el poder con el control total de las instituciones electorales y del Congreso federal, es decir, del Poder Legislativo.