Calles rotas, culpas mal asignadas

En casi todas las ciudades del país, cuando una calle se deteriora o un barrio se convierte en una trampa de hoyos y lodo, la población no duda en señalar al ayuntamiento. Y no los culpo: para el ciudadano común, la autoridad más cercana es la municipalidad.

Pero ¿es realmente el ayuntamiento el responsable de que nuestras calles estén hechas un desastre? La respuesta, aunque molesta para algunos, es no tan simple… ni tan justa.

La Ley 176-07 establece con claridad que los gobiernos locales son los responsables del ordenamiento del territorio y de la infraestructura urbana. Pero la ley 166-03 establece que los ayuntamientos deben recibir una proporción del presupuesto nacional para poder cumplir con sus funciones.

Esa proporción —el famoso 10% del Presupuesto Nacional— nunca se ha cumplido, y año tras año se recortan los recursos que por ley les corresponden a los municipios. Es decir, se les exige, pero no se les dota.

Ante esta contradicción, el Gobierno Central ha asumido, de manera cada vez más directa, el asfaltado de calles urbanas a través del Ministerio de Obras Públicas. No porque esa sea su competencia legal, sino porque los ayuntamientos no tienen con qué hacerlo. En vez de transferir los fondos, se transfieren las funciones. En vez de fortalecer las capacidades municipales, se debilitan, asumiendo lo que debieron hacer ellos, pero sin entregarles el dinero.

Uno pudiera decir que esto es un acto de responsabilidad, una especie de “mea culpa” administrativo. Es como si el gobierno central reconociera: “Como no te di el dinero que te tocaba, déjame hacerlo yo”. Y lo hace. Pero lo hace a su manera, muchas veces sin consultar al ayuntamiento, sin planificación territorial y sin dejar capacidad instalada para el mantenimiento posterior.

El gran problema es que la gente no lo sabe, ni lo entiende así. Lo único que ve es que su calle sigue sin arreglarse y que su alcalde no da respuesta. Y así, la responsabilidad se difumina, pero la culpa se concentra. Y se concentra en la municipalidad, que en esta película es el personaje más cercano, pero también el más maniatado.

La paradoja es perversa: el Gobierno Central hace la obra, se toma la foto, capitaliza políticamente la acción… y el ayuntamiento recibe las quejas, los insultos y la desconfianza ciudadana. No es justo. Y además, no es sostenible.

Mientras sigamos permitiendo que el Gobierno Central retenga las funciones y los fondos, los gobiernos locales serán simples espectadores del desarrollo, aunque la ley los declare protagonistas.

Y mientras no haya una ciudadanía informada y exigente con el cumplimiento del marco legal, seguiremos viendo alcaldías cargando con culpas ajenas, mientras Obras Públicas se convierte, de facto, en el alcalde nacional.

No se trata de quién asfalta más o menos calles. Se trata de respetar las competencias, cumplir la ley y fortalecer lo local. Porque gobernar desde el centro lo que es responsabilidad del territorio sólo genera dependencia, desigualdad y, por supuesto… más calles rotas.

A esto se suma otro elemento que agrava el problema: muchas de las calles que finalmente son asfaltadas por Obras Públicas responden más a presiones políticas, coyunturas electorales o criterios clientelares, que a una planificación estratégica del desarrollo urbano.

Es decir, no se asfaltan necesariamente las calles que más lo necesitan, sino aquellas que convienen a determinados intereses del momento.

Así se rompe la lógica del ordenamiento territorial, se posterga la equidad en la inversión pública, y se les quita a los gobiernos locales la capacidad de priorizar en función de las verdaderas necesidades de su comunidad.

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