Fallida compra de casa de Allende: Boric niega presiones y descarta haber conocido impedimentos legales
El Presidente Gabriel Boric entregó esta semana su testimonio ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa de Salvador Allende. En su declaración, el Mandatario descartó haber tenido conocimiento de impedimentos legales para concretar la operación.
“Jamás fui advertido de una posible inhabilidad constitucional”, sostuvo, aludiendo a la restricción derivada del vínculo familiar entre la exministra de Defensa, Maya Fernández, y el expresidente Allende.
Según informó El Mercurio, Boric relató que la idea de proteger inmuebles presidenciales se venía evaluando desde 2022. “Jamás hablé de precios ni de valores; nunca tuve conocimiento de las tasaciones”, aclaró, remarcando que su rol no incluyó participación en negociaciones técnicas.
El Jefe de Estado explicó además que la conversación con la senadora Isabel Allende se limitó a aspectos patrimoniales: “Con la senadora Allende conversamos la idea de preservar patrimonialmente la casa del presidente Allende. Nunca conversamos de la adquisición, y ni la senadora ni nadie de su familia ejerció nunca presión para la adquisición de la casa”.
Boric también fue enfático en negar que las exautoridades implicadas hubiesen presionado a algún funcionario público para acelerar o intervenir de alguna forma en el proceso de la compra de las casas presidenciales”, indicó, descartando que ello haya ocurrido.
El Presidente Boric recordó que tomó conocimiento de los riesgos legales recién el 2 de enero de 2025, cuando se encontraba en la Antártica. “Jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional”, insistió.
Añadió que fue su jefe de gabinete, Carlos Durán, quien lo alertó de la situación, y que en ese mismo momento ordenó detener cualquier avance en la compra. “En ese momento estaba con la ministra Fernández como parte de la comitiva”, relató.
Pese a descartar presiones directas, Boric admitió que era consciente de las repercusiones políticas de la iniciativa. “Siempre supe que esto generaría debate político”, reconoció.
La investigación sigue en curso, mientras el Ministerio Público continúa recabando antecedentes sobre la frustrada operación.