El Gobierno tuvo la pulsión de dotarse del poder de clasificar como secretas materias ajenas a la seguridad y defensa nacional , a pesar de que ambas son –junto a la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas– las únicas excepciones que prevé la Constitución para el acceso a la información pública. Tan decidido estaba el Ejecutivo a asumir esos poderes que llegó a plasmarlo por escrito en el anteproyecto de la nueva ley de información clasificada , y con esa redacción lo remitió a los organismos consultivos para que le dieran su opinión. En concreto, era el artículo 3 de ese borrador el que pretendía permitir al Gobierno calificar como secretos asuntos relacionados con tres ámbitos...
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