Los más de tres millones y medio de empleados públicos que hay en España amenazan con ir a una huelga general hacia finales de este año si el Ministerio de Función Pública no se aviene a negociar un nuevo acuerdo salarial . Esta ha sido la advertencia que han lanzado esta mañana CSIF, CC.OO. y UGT, tres sindicatos que juntos representan hasta a un 80% de los empleados públicos. Concretamente, empezarán con movilizaciones a finales de este mes que se extenderán hasta diciembre, cuando podría darse esa huelga si para entonces el departamento que dirige Óscar López no ha rectificado en una actitud que los sindicatos aseguran que es de «bloqueo». Que CC.OO. y UGT -junto a CSIF- lancen este órdago al Gobierno no es cosa menor, pues no hay que olvidar que, por el momento, Pedro Sánchez es el único presidente en democracia que no se ha enfrentado a una huelga general a pesar de haber tenido que lidiar con una crisis económica. No es un paro general lo que está sobre la mesa, pero sí uno que por el número de empleados a los que afectaría, se le parecería mucho. Los sindicatos denuncian que van nueve meses ya de negociaciones infructuosas y en los que el sector solo ha conseguido una subida del 0,5% que sin embargo ya estaba prevista y refiere a 2024. Por el momento, nada se sabe de la actualización para 2025 para amoldar los sueldos a la inflación, como sucede por ejemplo con las pensiones. Con todo, los sindicatos aseguran que el sector público acumula una pérdida de poder adquisitivo del 20% . Y este es solamente uno, por cierto, de los muchos asuntos que actualmente mantienen a los empleados públicos en pie de guerra con el Gobierno y otras administraciones. Bomberos, médicos, policías, profesores...; en lo que llevamos de año ha habido un reguero de manifestaciones por parte de distintos sectores dentro de la Administración en protesta por le elevada temporalidad, que sigue enquistada en el 30% y en sectores como la sanidad se eleva hasta el 50%; las largas listas de espera que se dan en servicios como el SEPE o la precariedad laboral de los interinos, con situaciones de abuso de contratos fijos-discontinuos en algunas empresas públicas (por ejemplo, en Paradores ).
