Resuelta ya la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell según la hoja de ruta trazada por La Moncloa , el Gobierno tiene vía libre para trasponer la directiva comunitaria –el plazo expira el 11 de enero– que va a impedir al poder político vetar o dificultar las fusiones bancarias, operaciones que en adelante solo dependerán del visto bueno de los órganos supervisores. La Comisión Europea sigue adelante con el expediente que abrió al Ejecutivo por su injerencia en la opa del BBVA, y ahora espera conocer la letra pequeña de una trasposición que ata de pies y manos al Gobierno para volver a torpedear los movimientos registrados en un mercado que no ha sido ajeno a su vocación intervencionista. Europa quiere bancos fuertes, y no entidades sobreprotegidas por un poder político –en este caso condicionado por las exigencias del nacionalismo, reconocidas por el propio Salvador Illa– que en España no ha dejado de atentar contra la lógica comunitaria y la exigencia financiera.
