El ambicioso plan del Gobierno para transformar la sociedad pública que durante lustros se ha encargado de gestionar los suelos, en su mayoría de carácter industrial, de titularidad del Estado, Sepes, en una empresa pública capaz de promover, poner en el mercado y gestionar un parque público de viviendas de alquiler a precios asequibles ha arrancado de manera titubeante. El Ministerio de Vivienda se ha visto obligado a retener a las primeras de cambio la transferencia de cerca de cinco millones de euros que había previsto realizar a la sociedad en el ejercicio de 2024, en pago por lo que se preveía que iban a ser los pasos iniciales de los primeros grandes desarrollos urbanísticos del tramo atribuido a Sepes...
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