El Supremo tumba una querella de Manos Limpias contra Robles por mandar un buque a proteger a la flotilla de Gaza

El Tribunal Supremo ha rechazado de plano una querella con la que el pseudo sindicato ultra Manos Limpias pedía la imputación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por enviar un buque de la Armada a escoltar a la flotilla de barcos que partió de España en septiembre para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los jueces recuerdan a Manos Limpias –que estos días ejerce la acusación en el juicio contra el fiscal general en el mismo tribunal– que la decisión de Defensa de enviar el patrullero fue “un acto de naturaleza política que desarrolla el gobierno en ejercicio de su política” que, en ningún caso, puede ser calificado de prevaricador o malversador.

La flotilla Global Sumud, una iniciativa con casi 40 navíos que tuvo un primer intento fallido de echarse a la mar por el mal tiempo, partió de Barcelona con rumbo a la Franja en octubre para llevar ayuda humanitaria a los gazatíes víctimas de los ataques de Israel y visibilizar el genocidio. Tras un mes de travesía por el Mediterráneo, las autoridades de Tel Aviv interceptaron los barcos y varios activistas fueron detenidos y maltratados antes de regresar a España.

Pedro Sánchez anunció a finales de septiembre que el buque P-46 'Furor', botado en 2017, con 93 metros de eslora y estacionado en Cartagena, para escoltar y proteger a la flotilla. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, acudió al Supremo pocos días después de que el buque zarpara para denunciar que Margarita Robles había cometido dos delitos con este movimiento: prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Los jueces de la Sala de lo Penal explican a Manos Limpias lo que ya han respondido a otras de sus denuncias y querellas: que no pueden criminalizar una decisión política. Enviar al Furor a proteger a la flotilla al Mediterráneo, dice el Supremo, es “un acto de naturaleza política que desarrolla el gobierno en ejercicio de su política, constitucionalmente atribuida”. Una acción que “puede ser debatida discutida, compartida, o no, pero no puede ser calificada de arbitraria”.

“Se trata de un acto de gobierno en virtud del cual destina un instrumento de defensa a asegurar el desplazamiento de unos barcos que se dirigían a una zona de conflicto”, recuerdan los jueces. Es, por tanto, una “acción de gobierno” que “puede ser debatida antes órganos de la representación popular, e incluso, en otros ámbitos en el que puedan realizarse control al ejercicio del poder”, pero no ante la jurisdicción penal.

Esta no es la primera querella con la que Manos Limpias, dirigido por el ultraderechista Miguel Bernad, busca la imputación de miembros del Gobierno atribuyendo delitos al ejecutivo por acciones de naturaleza política. Los jueces del Supremo han acusado a esta organización de intentar abrir causas contra Sánchez y su entorno usando “recortes de prensa”, de intentar abrir una “macrocausa general” contra el Gobierno y acceder así a “información sensible” o, directamente, “criminalizar el sistema político” con querellas “insólitas y descabelladas”.

Estos días el autodenominado sindicato ejerce la acusación popular en el mismo Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado. Un proceso en el que solicita cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz y en el que está representado por el letrado Víctor Soriano, a su vez asesor en el Senado de Eva Ortiz, secretaria primera de la Mesa por el Partido Popular.