La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un señalamiento para que del 9 al 14 de febrero se celebre el juicio oral en la causa por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. En el proceso se le acusa de prevaricación administrativa y tráfico de influencias a él mismo y al líder regional socialista, Miguel Ángel Gallardo, entre otros procesados. El hecho de que Gallardo, al que como hemos visto se juzgará en febrero, sea el candidato del PSOE a las elecciones autonómicas extremeñas que tendrán lugar el 21 de diciembre supone, más allá de una torpeza electoral para su partido, también la asunción de un suelo moral del entorno político del partido del Gobierno que debemos denunciar. Una conducta públicamente sana exige que los candidatos electorales sean, por definición, personas ejemplares sin tacha en su expediente que puedan concitar la voluntad de los ciudadanos de manera limpia. Se trata de poner en marcha una proyección virtuosa de la comunidad en la que el motor sea la ambición de elegir a los mejores para la gestión de lo público. Esta vocación de limpieza debe promover una responsabilidad política que proteja el cargo y por lo tanto aparte de él a quien ha podido no conducirse por el camino mejor y obtener su renuncia a él en caso de sospecha. Con más razón, este principio debería actuar sobre personas que ni siquiera se han presentado. Resulta triste y pesaroso asistir a cómo personas elegidas se aferran a sus estatus aún cuando no son ejemplares o no pueden ejercer mínimamente sus funciones de Gobierno, pero peor resulta que pretendan acceder a ellas desde su falta de ejemplaridad, como es el caso que nos ocupa. La sinceridad, el ejemplo y la asunción de responsabilidades y otros atributos que pretendemos sean valiosos en la vida de los ciudadanos deben comenzar por aplicarse con más rigor si cabe en los gobernantes elegidos por estos y en las cimas de los partidos. En este caso, la falta de principios y de límites es un mal que aqueja al aparato socialista desde su cúspide y se replica en estructuras locales. La virtud en política responde a reglas cambiantes y a veces caprichosas, y la ventana de lo conveniente parece en muchas ocasiones movediza o azarosa, pero queda fuera de toda duda que los candidatos a unos comicios deben, por lo menos, no tener cuentas pendientes con la justicia. El caso de Miguel Ángel Gallardo, sobre el que está pendiente una posible condena por unos delitos tan graves como el de la prevaricación y el tráfico de influencias por haber creado un puesto en la administración a medida del hermano del que era secretario general de su partido y hoy presidente del Gobierno, es ejemplo de la degradación de los estándares y los principios de la decencia. Cuesta asistir a este tipo de episodios en los que las intenciones del líder del partido pasan por encima de la ética, la maltratan y pretenden su extinción. No hace tanto tiempo que la nueva izquierda exigía un rearme moral de lo público en el que se pretendía que cualquier horizonte penal resultara mortal para una carrera política. Hoy, los partidos que promovían aquel rigor en los estándares de rectitud son cómplices necesarios y apoyan al partido que ha hecho una bandera de un obsceno maltrato del espacio público y de cualquier ética que considera un estorbo para perseguir sus intereses personales o partidistas en un juego corrompido en el que ya todo vale.
