Árboles navideños y corrupción local, por Cynthia Cienfuegos
La instalación de los árboles navideños en las plazas principales de Chiclayo, Chachapoyas y Ayacucho, curiosamente, ha develado la precariedad de las gestiones municipales y del gasto público local. Más allá de lo mediático de la noticia, esta es la alerta necesaria para reconocer las dinámicas políticas, sociales y culturales relacionadas al uso de los recursos públicos en los territorios, sobre todo en aquellas zonas donde no existe un mayor control institucional ni ciudadano, y donde la población ha normalizado recibir y convivir con obras públicas que no generan beneficio ni impacto, desaprovechando recursos para invertir en sectores de urgente necesidad social o de alta priorización.
La malversación de fondos en regiones parte de un sistema de corrupción local que se ha anclado en los gobiernos provinciales y distritales durante décadas. Lo preocupante es que no solo es un problema municipal. Detrás de esto hay todo un ecosistema que opera con actores y roles establecidos, validados e instalados política y socialmente. Y este ecosistema es sostenido por una cultura de impunidad, de redes y de corrupción local. Es un problema viejo, grave, real y no atendido.
Hasta junio de 2025, la Contraloría General de la República identificó 2428 proyectos paralizados, mayormente en los sectores de transporte y de agua y saneamiento. De este total, el mayor número de obras inconclusas está a cargo de los municipios.
El problema del uso de los recursos públicos a nivel local, donde muy pocas veces se ponen los reflectores nacionales, el patrón se normaliza y se repite una y otra vez: montos sobrevalorados, materiales de baja calidad, sobornos, incumplimientos de los contratos, obras públicas que quedan inoperativas luego de su inauguración, nula socialización de los proyectos con la comunidad, entre otros. Y en esa dinámica se ubica también una ciudadanía débil en su organización, en sus acciones de vigilancia y en su formación ciudadana.
A puertas de las elecciones regionales y municipales 2026, esta realidad presenta un enorme desafío que no aparece en los planes de gobierno ni en los eventos de rendición de cuentas de las autoridades salientes. Pero también es una oportunidad para pensar cómo las herramientas de vigilancia ciudadana y de acceso a la información pública que brinda el Estado —y que en el Perú son muchas— están llegando a la población: en qué lenguajes, en qué formatos. Y, sobre todo, qué decisiones está tomando el ciudadano y la ciudadana de a pie con estos datos.
Se necesita trascender la transparencia, y esto solo se logra en cuanto la información pueda ser entendida y utilizada por la ciudadanía para contribuir a la lucha contra la corrupción y al desarrollo local.