La Junta Militar de Birmania celebra una farsa electoral sin el reconocimiento internacional

La población de Birmania está llamada este domingo a votar en unas elecciones convocadas por la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021 y que saldrán adelante en plena guerra y a pesar de las numerosas críticas y llamamientos al boicot.

El país se encuentra sumido en una grave crisis desde la asonada militar, perpetrada por el Ejército precisamente para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) se hizo con la victoria.

Estos comicios, cuya convocatoria fue anunciada finalmente en julio tras meses de retrasos, tendrán lugar en tres fases: la votación de este domingo se verá seguida de otra el 11 de enero, en un proceso que finalizará por completo en una tercera cita el día 25 de ese mismo mes.

Aunque los militares aseguran que estas elecciones facilitarán el regreso a un "sistema multipartidista", voces críticas aseguran que el Ejército únicamente busca "perpetuarse en el poder" buscando una nueva forma de legitimarse, por lo que han insistido en la importancia de no acudir a votar.

Las Fuerzas Armadas, que han hecho hincapié en la necesidad de seguir adelante con la cita electoral a pesar de la guerra y los combates, sigue asegurando que la victoria del LND de la ex 'líder de facto' Aung San Suu Kyi en las elecciones de 2020 es "ilegítima" dado que se produjeron numerosas "irregularidades" en el proceso de registro de los votantes.

No obstante, observadores internacionales han asegurado que durante aquellas elecciones no se detectaron grandes problemas a la hora de votar y han alertado de que la violencia podría impedir, en esta ocasión, que la población de las áreas más golpeadas por la guerra acudan a las urnas.

La activista y Premio Nobel de la Paz, que tiene 80 años y continúa encarcelada, no participará en las elecciones, como tampoco lo hará su partido. Suu Kyi se encuentra cumpliendo una condena de 27 años de prisión por cargos que, según sus seguidores, constituyen parte de una persecución política en su contra. Su partido fue disuelto tras negarse a registrarse oficialmente bajo las nuevas normas de la junta.

Otros partidos han hecho también un llamamiento al boicot o se han negado a participar y aceptar las condiciones impuestas por los militares. Así, son muchos los que insisten en que este proceso "no será libre ni justo" y acusan al jefe de la junta, Min Aung Hlaing, de buscar vías para seguir controlando el poder y mantenerlo en manos de los militares.

Por su parte, la comunidad internacional mantiene las sanciones impuestas contra Birmania por sus continuados ataques contra la población civil y las duras medidas de represión impuestas contra disidentes.

Desde que comenzó la campaña electoral, más de un centenar de personas han sido detenidas en todo el país por supuestamente sabotear los comicios en el marco de la Ley de Protección Electoral aprobada hace tan solo unos meses. Esta legislación, tal y como recalcan voces disidentes, busca acabar con las voces críticas y aquellos que se oponen a unos comicios que consideran "poco transparentes" dado que el país sigue en guerra.

Grupos de defensa de los Derechos Humanos llevan meses condenando este tipo de acciones y han alertado de que "algunas personas que critican las elecciones están siendo silenciadas por la junta", especialmente aquellos que reparten panfletos para lograr el boicot y la movilización contra el proceso electoral.

Los disidentes continúan denunciando al Ejército por las violaciones y abusos cometidos a pesar de que la junta apunta a que los comicios permitirán elegir la composición del Parlamento y de las autoridades locales de forma "democrática", si bien la oposición ha criticado duramente la convocatoria.

Naciones Unidas ha acusado a la junta militar que gobierna Birmania de hacer un uso "brutal" de la violencia para obligar a la población a acudir a votar este domingo en las elecciones, a medida que los grupos rebeldes tratan de evitar la concurrencia.

Se estima que decenas de personas han sido condenadas en el marco de la nueva ley electoral por oponerse a la realización de estos comicios en tiempos de guerra. "Algunas sentencias son extremadamente duras, con penas de entre 42 y 49 años de prisión por colgar carteles en contra de las elecciones", ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Entre los detenidos se encuentran figuras relevantes de Birmania, como el director Mike Tee o el actor Kyaw Win Htut, además del comediante Ohn Daing. Todos ellos han sido condenados a largas penas de prisión por "socavar la confianza" de la población en el Ejército.

En algunas zonas, la población desplazada debido a la violencia y los combates ha sido amenazada incluso con posibles ataques si no regresan a sus respectivas localidades para votar.

La guerra ha provocado que 65 localidades no puedan celebrar las elecciones debido a los enfrentamientos entre las fuerzas birmanas y grupos rebeldes de resistencia. La junta estima que, en esta primera fase, votarán los habitantes de 102 de un total de 330 municipios sobre los que el Ejército sigue manteniendo el control.

A pesar de que son más de medio centenar las formaciones que han presentado candidatos, la mayoría concurren a nivel local, mientras que solo seis partidos compiten a nivel nacional y tienen posibilidades reales de hacerse con los apoyos suficientes. La legislación favorece al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), afín al Ejército. En total, unos 5.000 candidatos se presentan para ocupar los escaños del Pyidaungsu Hluttaw, la Asamblea de Birmania, que es bicameral.

Todo apunta a que el camino para lograr el reconocimiento de los resultados que emanen de este proceso electoral será arduo. Con una escena política fuertemente dominada por figuras militares desde que el país logró la independencia en 1948, Hlaing busca legitimar su liderazgo al frente de Birmania.

Sin embargo, el coste humano del conflicto sigue siendo sumamente alto, con más de 22.600 presos políticos entre rejas, según datos de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP, por sus siglas en inglés). Desde el golpe de Estado, 7.600 civiles han muerto a manos de las fuerzas de seguridad.