Es urgente una reingeniería en el sector de la construcción Inmobiliaria
En el ámbito del negocio inmobiliario se producen infinidad de malas prácticas, como consecuencia de una regulación urbana compleja y a veces hasta contradictoria, situaciones que dan pábulo a interpretaciones antojadizas para que los proyectos de los inversionistas dispongan de mayores rentabilidades. En el último tiempo la industria de la construcción, asistida por los medios de prensa que, de una u otra forma, toleran los abusos en ese lucrativo mercado, inventó con comprobado éxito la palabrita “permisología” para dejar en evidencia que, según ellos, en Chile la excesiva burocracia impide el necesario crecimiento económico.
El ingenuo actual gobierno “pisó el palito” y con la ayuda amistosa del Congreso Nacional está simplificando tales disposiciones para que este tipo de proyectos se tramiten en forma express en las municipalidades y en los otros servicios de la Administración, como el ambiental, el patrimonial y el de transporte. Es decir, los lobbystas elegidos por los interesados en simplificar los actos administrativos del Estado debieron haber obtenido suculentos premios por la tarea encomendada.
Ejemplos de lo anterior son infinitos, algunos dados a conocer en este medio, y en esta oportunidad aludimos a un dictamen de la Contraloría General de la República del 02/01/2025, acogiendo una denuncia de la fundación Defendamos la Ciudad, pues la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Iquique, por ignorancia u otra razón más comprometedora del funcionario que ejercía ese cargo, autorizó unos 100 permisos de edificación en una zona de riesgo de inundación establecida en el Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT), cuyas normas siempre prevalecen a las contenidas en los Planes Reguladores Comunales (PRC), pequeño detalle que ese funcionario desconocía. Esta noticia, que evidenció corrupción, pues los permisos son ilegales, no fue cubierta adecuadamente por los medios de comunicación.
Tal dictamen vinculante estaba dirigido al alcalde, Mauricio Soria, a este columnista y a distintas autoridades sectoriales, resaltando que el competente abogado, Enzo Morales, iquiqueño de tomo y lomo, recientemente nos informó que el aludido DOM procedió a invalidar una cierta proporción de esos actos administrativos. Ahora vale la pena preguntarles a los funcionarios municipales de todo el país que se desenvuelven en este tipo de materias, si conocen y obedecen la ley N° 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria, la que establece con meridiana claridad que los planos de los edificios deben cumplir con las normas urbanísticas vigentes al momento de sus tramitaciones finales, lo que ha sido corroborado por fallos de la Corte Suprema y resoluciones del ente fiscalizador.
Ahora bien, desde hace varios años todos los medios de prensa han estado publicando reportajes, muchos de ellos equivocados, sobre los llamados guetos verticales construidos ilegalmente en la comuna de Estación Central. Estamos hablando de unos 90 edificios, con agrupamiento continuo, de entre 25 y 40 pisos, en una zona determinada que carecía de un PRC, todos los cuales, menos tres, fueron recibidos oficialmente por la respectiva DOM, a pesar de que la Contraloría, en distintos dictámenes, los declaró contrarios a derecho. Se concluye entonces que los funcionarios municipales que cursaron los permisos a partir de 2013 y enseguida desacataron las resoluciones de la Contraloría, procedieron con ciertas motivaciones que era necesario investigar.
Lo anterior es sumamente grave, pues existía el Oficio N° 549 del 19 de julio de 2007, firmado por el arquitecto, Luis Eduardo Bresciani, Jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), dirigido al ingeniero Marco Antonio Vidal, en su condición de DOM de Estación Central en el período en que Gustavo Hasbún era alcalde, instruyéndolo que era improcedente la edificación continua en un sector que no tenga una regulación urbana, mandato ministerial que fue respetado por dicho funcionario hasta que falleció.
Cuando asumió como alcalde, Rodrigo Delgado, los funcionarios que sucedieron a Vidal, empezaron a otorgar este tipo de permisos ilegales y para impedir la consabida impunidad presente en nuestro país, hace 5 años, con los arquitectos Jonás Figueroa, Miguel Lawner, Miguel Prieto, el ingeniero civil Antonio García y el dirigente vecinal, Alejandro Verdugo, interpusimos una querella criminal por el delito de prevaricación administrativa, en el 7° Juzgado de Garantía, en contra de todos los funcionarios que desobedecieron los dictámenes de la Contraloría y las sentencias judiciales. Posteriormente la actual administración del alcalde, Felipe Muñoz, hizo lo propio y ambas querellas están acumuladas, pero es sorprendente que, a la fecha “no se oye padre”. ¿Será que la Fiscalía es muy perezosa? o bien hay padrinos externos que influyen para que no investigue nada.
La fundación Defendamos la Ciudad le envió, hace una semana, el Oficio N° 549 de la DDU del Minvu, a todos los periodistas que trabajan en los medios convencionales identificados con los intereses empresariales, para que en actuaciones de transparencia, se lo dieran a conocer a sus leales lectores, pero ninguno se atrevió a divulgarlo, pues ello significaría conocer exactamente una tremenda ilicitud, conocida de antemano, cometida en el período de un alcalde regalón de esos medios, Dejamos en claro que, con nuestros abogados, le solicitaremos una entrevista al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para que “le tire las orejas” a sus subordinados.