La Junta ha recordado al PSOE andaluz que el modelo de Pedro Sánchez de las tarjetas monedero ha dejado tirados a los bancos de alimentos y los comedores sociales, así como a 280.000 andaluces que quedaron excluidos por el nuevo sistema. A este respecto, la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha subrayado que «la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha sacado a licitación por 46 millones de euros un contrato mixto para la provisión de alimentos y/o asistencia material básica a unidades familiares con personas menores a su cargo que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa, mediante un sistema de tarjetas o vales físicos o electrónicos«. El contrato se encuentra en fase de adjudicación. Esta actuación se enmarca en el Programa de Asistencia Material Básica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Andalucía. El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses, prorrogable por otros 24 meses, lo que ampliaría el presupuesto hasta los 92 millones de euros previstos en el programa, cuya duración se extiende hasta 2029. García ha señalado que «la Junta, con esta licitación, apuesta por un programa que cuente con la mayor capilaridad geográfica». Por ello, y para favorecer la concurrencia de las empresas licitadoras y tratar de llegar al mayor número de municipios, el contrato se divide en ocho lotes, uno por cada provincia. El modelo que busca implantar el Ejecutivo andaluz reconoce también el papel fundamental de los Servicios Sociales Comunitarios para el correcto desarrollo del programa. Ana Vanessa García ha incidido en que «el Programa de Asistencia Material Básica (Programa Básico) fue concebido como un modelo homogéneo para toda España , en el que la Administración General del Estado era la encargada de licitar tarjetas o vales mediante un acuerdo marco para la selección de proveedores«. Sin embargo, ha resaltado, «el Gobierno de España cambió el modelo y decidió que este programa solo se dedicaría a atender a familias con menores a su cargo». «Con esta decisión, solo en Andalucía el Gobierno de Pedro Sánchez dejó fuera de esta ayuda a 280.000 andaluces», ha remarcado. Asimismo, ha apuntado que «el Ejecutivo central fue incapaz de poner este sistema en marcha y solicitó a la Comisión Europea que en 2024 se ejecutara mediante una subvención directa a una entidad privada durante solo seis meses» . La secretaria general de Inclusión Social ha destacado que «el programa transitorio ha sido un parche para seis meses que el Gobierno de España despachó publicando un Real Decreto que otorgaba una subvención directa a una entidad privada». A este respecto, ha recordado que «este programa salió adelante gracias al esfuerzo de la comunidad autónoma y los servicios sociales comunitarios». García ha censurado que «el Gobierno central ha obligado a las comunidades autónomas en solitario a poner en marcha el programa que fue incapaz de implantar durante 2024«. Y, además, ha lamentado »que no hay posibilidad de cambiarlo, para poder dar cabida a más colectivos vulnerables además de las familias con menores a su cargo, ni de ampliar el margen de tiempo que una licitación de este calado conlleva«. »Es decir, las comunidades autónomas estamos implantando un programa decidido unilateralmente por el Gobierno de España y que ellos no fueron capaces de llevar a cabo«, ha criticado. García ha subrayado que «antes de que el Gobierno socialista sacara este programa y de que obligara a las comunidades a asumir su implantación, en Andalucía se atendía a las familias vulnerables». «Se atendían, se atienden y se seguirán atendiendo», ha afirmado rotundamente. Andalucía atiende a las familias a través de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA), que solo en 2025 lleva más de 21 millones en crédito ejecutado , de las ayudas económicas familiares con más de 15 millones destinados a combatir la pobreza infantil en el presupuestos de 2025, con subvenciones dirigidas a comedores sociales que cuentan con 4,9 millones y con el desarrollo de 140 escuelas de verano dotadas con otros cinco millones en 2025, entre otras ayudas, subvenciones o programas que se llevan a cabo en Andalucía.
