Una edil socialista señala por acoso laboral a José Luis Quintana, responsable de la gestora en el PSOE de Extremadura
Una edil socialista ha señalado este jueves por supuesto acoso laboral a José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y responsable de la gestora del PSOE en esta comunidad tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo por el batacazo del partido en las elecciones del 21D. Esta socialista, que desempeña en el Ayuntamiento de Cáceres, habría denunciado hace unos días a Quintana a través del canal de comunicación interno de Ferraz. Según su relato, fue despedida del trabajo que desempeñaba en la sede del PSOE en Extremadura, en Mérida, por presiones de Quintana pese a que la decisión final le correspondió al propio Gallardo. Dice haber sufrido sufrido amenazas telefónicas, difamaciones. Quintana es una persona muy cercana a Pedro Sánchez. El núcleo duro del feminismo socialista está en pie de guerra.
Se puede decir que se ha convertido en el primer contrapeso interno de Sánchez en Ferraz desde que lidera el partido. Hace semanas, desde que estalló el caso Salazar, que en el partido esperan más cabezas, porque llevan tiempo apuntando que hay más casos como el de Salazar en el partido y en el Ejecutivo, donde el pánico se extiende con cada nueva información. En verdad, nadie en el PSOE se atreve a aventurar hasta dónde puede llegar una crisis que está minando la credibilidad del partido ante su electorado y, en particular, entre las mujeres. La dirección se encuentra bajo la lupa: muchos militantes interpretan que intentó cerrar el expediente de Salazar con discreción, sin levantar polvo, lo que en la práctica se percibió como un intento de protegerle.
Las críticas internas comenzaron a apuntar directamente a Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE. Diversas fuentes socialistas la señalaron como responsable política de la pasividad en la tramitación del caso. La crisis dio un salto cualitativo cuando salió a la luz el papel de Antonio Hernández, número dos de Salazar en el gabinete de Presidencia del Gobierno. Hernández fue acusado internamente de haber encubierto o minimizado las denuncias contra su superior.
Ante la presión creciente, Pedro Sánchez decidió su cese fulminante, un movimiento interpretado en el partido como un intento de contener la hemorragia y ofrecer una cabeza. El cese de Hernández fue el primer reconocimiento explícito de que la gestión del caso había sido errónea. Lejos de clausurarse, el «caso Salazar» abrió la puerta a otros testimonios y disparó los rumores sobre comportamientos similares en distintos niveles del partido y de la administración. A los ceses o salidas de Paco Salazar y Javier Izquierdo de la Ejecutiva federal, de Antonio Hernández de Moncloa y de la dirección del PSOE-A, se suma la marcha de José Tomé como presidente de la diputación de Lugo, de la secretaria de Igualdad del PSOE gallego por no actuar, y la renuncia del alcalde del municipio cordobés de Belalcázar. Así como el enroque en su puesto de Antonio Navarro al frente del PSOE en Torremolinos y cuya denuncia por acoso es la única que hay, por ahora, en manos de la Fiscalía. Los socialistas asisten con creciente estupefacción a este goteo.