De forma sorpresiva, durante la madrugada del sábado 3 de enero, el Gobierno de Estados Unidos lanzó un ataque militar en Venezuela que ha terminado con la captura y extradicción del dictador Nicolás Maduro y de su mujer, Cilia Flores. La acción militar no se debe a una escalada militar sino a una acción puntual destinada a capturar al presidente venezolano y a la primera dama. Los ataques de produjeron en Caracas y sus alrededores, aunque también se actuó en objetivos en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Los bombardeos aéreos han seleccionado quirúrgicamente objetivos militares: en el Cuartel de la Montaña, la base aérea de La Carlota y las instalaciones militares de Fuerte Tiuna. El ataque de este 3 de enero es la culminación de una creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe desde el verano. El presidente Donald Trump se había asegurado durante los últimos meses la posibilidad de atacar a cualquier punto de Venezuela . Podía lanzar misiles de largo alcance desde buques y submarinos, realizar incursiones rápidas con fuerzas especiales transportadas en convertiplanos y golpear centros de mando desde el aire. También puede bloquear puertos y rutas marítimas para cortar cualquier vía de salida. El pasado mes de octubre ya había más de diez mil efectivos en la zona con especial atención a la frontera con Colombia. Operaban bombarderos estratégicos desde bases en Luisiana y Puerto Rico, cazas de última generación en misiones de escolta, buques armados con misiles en posición y unidades de operaciones especiales desplegadas entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago. La escalada militar empezó con ataques selectivos a narcolanchas venezolanas que el Gobierno de Estados Unidos ha defendido como «objetivos legales». Trump ha defendido que con cada una de esas narcolanchas hundidas con sus tripulantes se salva la vida de 25.000 estadounidenses, una referencia al número de sobredosis que puede suponer un cargamento de fentanilo, el poderoso opiáceo que ha destrozado a millones de familias de EE.UU. La familia Maduro está bajo la lupa del Gobierno estadounidense por sus relaciones con el narcotráfico. En el entorno inmediato de la primera dama, pesan antecedentes judiciales relevantes. Dos de sus sobrinos fueron condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, tras ser declarados culpables de introducir cocaína en territorio estadounidense.
