2026: un año para pasar de la medición a la acción en materia de seguridad, educación y salud
Costa Rica inicia el 2026 con un diagnóstico claro de sus principales retos. En seguridad, educación y salud —políticas universales que explican buena parte del bienestar y la competitividad— la evidencia acumulada es suficiente. El desafío no es identificar qué hacer, sino decidir si el país será capaz de ejecutar con consistencia.
En materia de seguridad, los datos muestran un deterioro sostenido. Tras cerrar el 2023 con una tasa de homicidios de 17,6 por cada 100.000 habitantes y el 2024 en torno a 17, el 2025 apunta a un nivel similar. Esto posiciona al período 2023–2025 como el más violento de la historia reciente del país.
Más allá de las comparaciones anuales, el mensaje es claro: la inseguridad se consolidó como un factor estructural que eleva los costos económicos, debilita la confianza institucional y afecta la calidad de vida. Desde el Consejo de Promoción de la Competitividad, el Índice de Competitividad Nacional (ICN) propone, como meta aspiracional, reducir la tasa de homicidios a niveles cercanos a 10 por cada 100.000 habitantes hacia el 2030, lo que implicaría revertir cerca de cuatro décadas de deterioro creciente.
Alcanzarlo dependerá de que el próximo gobierno decida asumir —o no— ese rumbo. En educación, apenas el 14% de los estudiantes de primaria recibe el currículo completo y solo el 32% de los jóvenes de secundaria asiste a colegios técnicos. Las proyecciones del ICN aspiran a duplicar la cobertura de contenidos esenciales en primaria, ampliar la educación técnica y aumentar en siete puntos porcentuales la tasa de finalización de secundaria entre jóvenes adultos. No son transformaciones disruptivas, sino correcciones necesarias para recuperar el progreso perdido.
En salud, Costa Rica mantiene fortalezas históricas, pero enfrenta señales de estancamiento. El ICN propone, como referencia, retornar a niveles de mortalidad infantil cercanos a 8,2 muertes por cada 1.000 nacidos vivos hacia el 2030, recuperando los avances de inicios de la década pasada y cerrando brechas territoriales en los cantones donde la mortalidad infantil se encuentra en condiciones alarmantes.
Estas metas son una hoja de ruta posible, construida a partir de evidencia. El 2026 será el año en que se decida si el país las asume o sigue administrando el deterioro.
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Andrés Fernández Arauz es economista.