El silencio informativo del oficialismo venezolano se rompió horas después de la operación militar de Estados Unidos que resultó en la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vicepresidenta Delcy Rodríguez compareció en cadena nacional con un objetivo doble: exigir la liberación del líder chavista y contradecir la narrativa de Donald Trump , quien había asegurado que ella estaba «colaborando» y mantenía conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio. Lejos de esa supuesta disposición hacia Washington, Rodríguez se mostró rodeada del núcleo duro del chavismo para ratificar su lealtad. Rodríguez detalló que a la 1:48 de la madrugada se lanzó una operación con el único objetivo de un cambio de régimen y de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Para demostrar gobernabilidad, encabezó el Consejo de Defensa de la Nación junto a los representantes de los poderes públicos: el presidente del legislativo, su hermano Jorge Rodríguez; la presidenta del poder judicial, Caryslia Beatriz Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y otros ministros. «Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, están conjugados todos los factores políticos», afirmó Rodríguez, asegurando que hay un gobierno con claridad. Fue enfática al marcar la línea soberanista: «Si hay algo que este país tiene claro es que jamás volveremos a ser esclavos, jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea». Denunció además que el ataque tiene un «tinte sionista» y viola los artículos 1 y 2 de la carta de las Naciones Unidas, respondiendo con agresión a la supuesta oferta de diálogo que Maduro había planteado dos días antes. Durante la comparecencia, Rodríguez informó que Maduro dejó firmado un «decreto de conmoción». En el acto, se procedió a entregar dicho documento a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional, asegurando que todo se hace «dentro de la Constitución», aunque no especificó el contenido ni los planes inmediatos derivados de este decreto. Finalmente, hizo un llamamiento a la unión cívico-militar y aseguró que el pueblo se ha activado en las calles, aunque testimonios contradictorios señalan que las vías permanecían vacías y los comercios cerrados. Rodríguez advirtió a los extremistas, en referencia a la oposición venezolana, que la justicia les hará pagar y alertó a los países aliados que este uso de la fuerza se puede aplicar contra cualquiera, concluyendo que al oficialismo le asiste «la razón histórica y la razón moral».
