Se abre la puerta a capturar a los etarras huidos de la Justicia
Venezuela esconde desde hace años a un gran número de etarras que se encuentran huidos de la Justicia española para evitar pagar las consecuencias penales de los crímenes terroristas y asesinos que cometieron en nuestro país.
Según ha podido saber LA RAZÓN, son 30 en total los antiguos miembros de ETA que siguen prófugos en el extranjero.
De ellos, 23 han encontrado su refugio en América Latina y el resto se encuentran residiendo en Francia como vía para evitar enfrentarse al banquillo de la Audiencia Nacional o, en su defecto, a las rejas de la cárcel.
De los que eligieron un destino latinoamericano, la mayoría, el 65 por ciento, están escondidos en territorio venezolano, con la complicidad de las autoridades que no han hecho nada por extraditarlos, pese a las solicitudes de entrega.
Es decir, cinco de cada diez miembros de la banda terrorista que están aún fugitivos han encontrado cobijo en este país en su operación para evitar pagar por los derramamientos de sangre cometidos. Son 15 estos etarras.
Cuando en 2021, hace solo cinco años, en torno a la mitad, por lo que la tendencia se ha acelerado y, como si de un efecto llamada se tratase, uno tras otro han ido optando por las aguas caribeñas como las más idóneas para evitar la acción de los jueces españoles. La consideración, por la fuerza de los hechos, de que el régimen venezolano es el que mejor les acoge, ha tenido mucho que ver.
Ahora, el fin de la era de Nicolás Maduro como presidente del Gobierno chavista, se abre la puerta a que paguen sus deudas con la Justicia criminales como Ignacio De Juana Chaos, que fue miembro del «comando Madrid» y durante una época pasó sus días al frente de una licorería de la localidad venezolana de Chichiviriche.
Esta lista de buscados de ETA en Venezuela la completan nombres tan sanguinarios como los de Asier Guridi Zaloña, alias «Gari»; José Arturo Cubillas, que ha ejercido como líder del aparato de etarras huidos en todo el globo, o José Luis Eciolaza Galán, al que se conoce como «Diente Puto».
Ante esta ventana de oportunidad, también ha puesto cartas en el asunto Dignidad y Justicia (DyJ). La asociación de víctimas del terrorismo que encabeza Daniel Portero –hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, al que arrebató la vida la organización terrorista vasca en el año 2000– ofrece hasta 5.000 euros de recompensa a quien pueda ofrecer información sobre el paradero de cualquiera del grupo de etarras que continúan huidos.
Tal y como ha detallado DyJ a este diario, los datos que sean aportados son directamente remitidos a la Policía, la Guardia Civil y también a los servicios de antiterrorismo. Y estos son los que valorarán si las pistas enviadas son o no de interés y valiosas para la investigación.
En ningún caso la información es archivada por la entidad, que la traslada a través del buzón de contacto permanente que mantiene con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
De hecho, Portero asegura que en DyJ tienen localizado ya el paradero de «más de una docena de etarras» a los que acoge aún una Venezuela ahora en manos de Delcy Rodríguez y, presuntamente, bajo la batuta de EEUU.
«DyJ no cesará de actuar, con más empeño ahora si cabe, en todas las causas que mantiene abiertas para conseguir que los tribunales acaben con esta impunidad que ha durado demasiado tiempo. Es una oportunidad excelente para que las víctimas tengan por fin justicia», explica el presidente de la asociación en declaraciones a este periódico.
Esta campaña, ahora reactivada, bautizada como #StopHuidosETA se puede ver en su página web, donde se incluyen carteles de los etarras fugitivos incluidos, con foto, nombre y apellidos, y una clara advertencia de que «se busca» ir tras sus pasos para consumar su detención.
Venezuela es el punto del mapa en que tienen colocado el ojo con más fijación. Al final, como señala Portero, es «el país que ha acogido a la inmensa mayoría de terroristas huidos de la Justicia durante estos últimos años bajo el amparo, primero, de Hugo Chávez, y de Maduro, después».
Su territorio –lamenta– ha servido como centro de operaciones para la organización del aparato de huidos de ETA desperdigados por el mundo.
Visas y cargos públicos en el Estado chavista
Es conocido que el Gobierno venezolano no tuvo problema en dar visas y facilitar pasaportes para miembros de ETA. E, incluso, como informó en su momento «El Confidencial», ya con Nicolás Maduro en el poder, se colocó en una filial de la empresa pública Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a Xabier Arruti Imaz, al que en 2015 se le atribuía el liderazgo del núcleo de la banda terrorista en este Estado.
Antes, Arturo Cubillas estuvo en nómina de organismos como el Instituto Nacional de Tierras y de la Corporación Venezolana de Alimentos. Fue reclamado por los tribunales españoles por ser el presunto nexo entre ETA y las FARC.