El PSOE ya se abre a que los jueces frenen otra candidatura de Sánchez
El PSOE afronta el arranque de un año electoral decisivo con la convicción de que el voto ya no basta para frenar el cambio de época que se avecina. Con cuatro elecciones autonómicas, contando las de Extremadura, en territorios que concentran más de la mitad del mapa nacional y cerca de un tercio de la población, y con la presión permanente para que haya un adelanto de las generales, en las filas socialistas se encomiendan a la Justicia –y no a las urnas, donde dan por hecha la debacle–para evitar la candidatura de Sánchez en las próximas elecciones generales y anticipar un proceso de refundación que contenga los daños de esta etapa.
La evolución del calendario judicial en este año pinta un oscuro panorama que alienta la idea de que sean los jueces, y no las derrotas electorales, las que aceleren el anunciado fin del sanchismo. Esta idea oficial de que la corrupción no les lastra, y que incluso la pueden convertir en un impulso a favor desde el victimismo, ya no convence a muchos, sobre todo a los que están haciendo un seguimiento más detallado del recorrido judicial de las causas abiertas y que, además, tienen más conocimiento jurídico.
Las primeras señales del ciclo no han podido ser más claras. Primero fue Andalucía, y después, Extremadura, dos de los bastiones históricos del socialismo han dejado de serlo, y lo han hecho con un patrón que va más allá de la coyuntura. El partido paga el desgaste acumulado de la era Sánchez y asiste a un trasvase de voto que no se explica solo por la movilización de la derecha, sino por una pérdida profunda de arraigo sociológico.
En Extremadura, el resultado del 21-D ha sido valorado incluso por dirigentes socialistas como una derrota sin paliativos. La derecha se impuso con una ventaja abrumadora y el PSOE perdió la mitad de sus votantes en apenas dos años. El dato más relevante no es solo la victoria del PP, sino la confirmación de que el bloque conservador domina con claridad una comunidad tradicionalmente bipartidista y de voto moderado. Vox, además, duplicó su apoyo, certificando que su crecimiento no es episódico. El mensaje fue inequívoco: el electorado que sostuvo durante décadas la hegemonía socialista ya no está dispuesto a hacerlo.
Este resultado ha activado una lectura que se repite en Ferraz: cuando un partido entra en fase declinante, su base electoral envejece, se refugia en entornos menos dinámicos y pierde tracción urbana y juvenil. Es un proceso que ya atravesaron el PSOE de Felipe González y el PP tras sus grandes mayorías, y que ahora se está volviendo a reproducir.
La siguiente estación es Aragón, convertida en banco de pruebas de la estrategia de enviar ministros como candidatos autonómicos. Pilar Alegría encarna esa apuesta y, al mismo tiempo, sus riesgos.
Las primeras medias de encuestas tras la convocatoria dibujan un escenario adverso para los socialistas: un crecimiento sólido del PP y de Vox, el desplome del PSOE hasta mínimos históricos y, además, la desaparición del PAR, histórico partido bisagra. Incluso con la fragmentación propia del sistema de la región, todo apunta a que Jorge Azcón revalidará la presidencia sin excesivas dificultades, ya sea mediante acuerdos explícitos o abstenciones tácticas.
En el PSOE ya se asume que Aragón puede convertirse en la primera factura política del paracaidismo ministerial. Y no sería la última. En la dirección del partido se da por hecho que, si el ciclo continúa, otras figuras del Gobierno seguirán el mismo camino, con un coste político que hoy se intenta amortiguar, pero que, en realidad, se verá agravado por lo que venga del ámbito judicial.
Donde menos incógnitas existen es en Castilla y León. El PP gobierna la comunidad de forma ininterrumpida desde 1987 y, salvo sorpresa mayor, ampliará ese récord tras la próxima convocatoria. Aunque sigue lejos de la mayoría absoluta, la fortaleza de Vox impide cualquier alternativa de gobierno. La suma de la derecha desborda holgadamente el 50% del voto y de los escaños, lo que convierte la elección en un trámite político más que en una contienda abierta.
Siempre bajo la interferencia que pueda generar Vox en la negociación de los acuerdos postelectorales para condicionar, en tanto las urnas se lo permitan, los futuros gobiernos autonómicos.
Por cierto, la resistencia de Sánchez a dar un paso al lado, e incluso la interpretación de que da por perdidas las próximas elecciones autonómicas, y que en lo que está es en blindarse de cara a las generales, explica por qué dentro del partido han desplazado su esperanza estratégica fuera del terreno de las urnas. En un contexto en el que las encuestas no ofrecen consuelo y los territorios se escapan, la expectativa de una decisión judicial que impida la candidatura de Sánchez se ha convertido en el último dique frente a un cambio de ciclo que el partido ya no se ve capaz de revertir por sí mismo.
Aunque desde algunos sectores se ha quitado relevancia al movimiento del exministro Jordi Sevilla, hay que estar atentos a lo que vendrá después de la presentación de su manifiesto –el día 12–, que se echará a rodar no sin tantear antes el partido para ver las posibilidades, no solo de dar relevancia al texto por los firmantes, sino también continuidad con siguientes actos de presión a fin de que vaya cogiendo entidad la visualización del movimiento crítico a Sánchez. Su bomba de oxígeno serán las continuas derrotas electorales que esperan en el primer semestre del año.
Quienes están detrás de este manifiesto no esperan una inicial adhesión masiva. Saben que cualquier movimiento público se enfrentará a represalias internas, y que los firmantes serán etiquetados por el oficialismo como traidores. Este diagnóstico explica por qué la movilización será con pasos calculados y «progresiva». No buscarán una confrontación directa inicial, sino la construcción de un espacio alternativo a medio plazo. Entre bambalinas, este movimiento es consciente de que necesita una «bandera», y que los tiempos animan a que esa «bandera» sea precisamente una mujer. «La estamos buscando», comentan, cuando se les pregunta. «Pero no es tan fácil, han dejado al partido vacío. Y, además, tienen que querer».
Detrás están dirigentes de peso interno, que ocuparon responsabilidades importantes y que fueron represaliados después de las primarias, que auparon a Pedro Sánchez, por no estar en su mismo bando.
El movimiento disidente con el sanchismo quiere recuperar la conexión con la sociedad civil. Y volver a abrir el partido a la gente. Ya lo anunciaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una entrevista concedida a LA RAZÓN: «El PSOE debe ser de la gente, no de sus dirigentes». El sanchismo, sin embargo, pretende mantener al partido preso de la militancia, el escudo de Sánchez.