Pedro J. Ramírez fuerza que seis Ministerios expliquen cómo reparten la publicidad institucional
El Consejo de Transparencia ha dado la razón a EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A., editora de El Español, en varias reclamaciones presentadas contra distintos departamentos del Gobierno por la falta de información detallada sobre el reparto de la publicidad institucional.
Según ha podido saber Confidencial Digital, las resoluciones obligan a la Administración a explicar qué criterios concretos se aplican y qué ponderación emplean al distribuir las campañas públicas entre los medios de comunicación.
El origen del conflicto se sitúa en las solicitudes de acceso a la información formuladas al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia, en las que se pedía conocer no solo el listado de empresas de comunicación incluidas en los planes de medios, sino también el detalle de inserciones, formatos, inversión y criterios de asignación utilizados en cada campaña.
Trabajo y Presidencia, en el centro de las resoluciones
Entre los ministerios afectados figuran el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, y el Ministerio de la Presidencia, encabezado por Félix Bolaños. En ambos casos, el CTBG concluye que las respuestas ofrecidas por la Administración han sido genéricas y no permiten conocer cómo se tomó la decisión final de reparto de fondos públicos.
El Consejo subraya que remitir de forma genérica a los pliegos del Acuerdo Marco o a la Plataforma de Contratación del Estado no satisface el derecho de acceso cuando lo solicitado son los criterios efectivamente aplicados y su peso en el plan de medios aprobado.
La actuación del periódico dirigido por Pedro J. Ramírez no se limita a estos dos departamentos. El CTBG ha estimado también reclamaciones dirigidas al Ministerio para la Transformación Digital, Agricultura, Inclusión y Juventud.
En todos los casos, el denominador común es el mismo: la Administración dispone de la información solicitada pero no la ha facilitado de manera completa, impidiendo verificar el cumplimiento de los principios que rigen la publicidad institucional.
El interés público del reparto publicitario
Las resoluciones recuerdan que conocer el destino concreto de los fondos públicos en publicidad institucional es una parte esencial de la rendición de cuentas. El CTBG insiste en que el acceso a los criterios de reparto permite comprobar si se respetan los principios de pluralidad, eficiencia y no discriminación, recogidos tanto en la normativa española como en el marco europeo sobre libertad de los medios.
Por este motivo, el Consejo insta a los ministerios afectados a remitir en un plazo máximo de diez días hábiles los criterios incluidos en las propuestas iniciales de planes de medios y en los planes finalmente aprobados. Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa, aunque abren la posibilidad de recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.