El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por incumplimiento de la Ley de Bomberos Forestales. Comisiones Obreras asegura que el personal del operativo de incendios de la Junta está sometido a «una clara indefensión» ya que cotiza de forma irregular ante la Seguridad Social y con imposibilidad de acceder a la jubilación anticipada «en la actualidad y en el futuro», apostilla. «Es una quiebra flagrante de la legalidad y de las obligaciones que la Junta tiene con este colectivo de casi 1.000 trabajadores y trabajadoras», ha advertido el sindicato que ha vuelto a pedir la «dimisión inmediata» del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz. El sindicato ha acusado a la Junta de Castilla y León de no aplicar el régimen normativo al que está obligada por la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales, «una Ley básica de todo el Estado, que entró en vigor hace más de un año y que la Junta ignora deliberadamente», ha reprochado CCOO al Gobierno autonómico. Entre los incumplimientos de la Junta asegura que no considera al colectivo como bomberos y bomberas forestales, ni les cataloga legalmente como tales, «a lo que está obligada». A esto añade que este personal no cotiza a la Seguridad Social en el epígrafe adecuado ni se le aplica la cotización adicional que permita a futuro adelantar la edad de jubilación. «Ni tan siquiera se certifican adecuadamente los períodos trabajados anteriormente en las labores de bombero forestal, otra obligación establecida en dicha Ley», denuncia el sindicato que ha acusado a la Consejería de Medio Ambiente de no utilizar los modelos oficiales de certificados del INSS. CCOO ha advertido de que esta «situación desastrosa» está produciendo un «daño laboral y económico directo» a estos profesionales y ha augurado que puede terminar en «centenares de reclamaciones» ante los juzgados, «con el evidente perjuicio, no ya para las personas trabajadoras afectadas sino para toda la sociedad de Castilla y León, que tendrán que sufragar con sus impuestos la incompetencia de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente», recoge Ep. El sindicato ha asegurado que esa actuación y esos incumplimientos supondrían «gravísimas sanciones» para cualquier empresa.
