A través de sucesivos planes de 'optimización' y 'modernización' y a finales del pasado siglo se inició una progresiva reducción de las Fuerzas Armadas que incluía la concentración de unidades en grandes bases. Se impulsó el abandono de los acuartelamientos en las ciudades y, con el beneficio de la venta de los solares, construir o adaptar grandes bases lejos de los núcleos urbanos. El objetivo no se alcanzó. La sorpresiva supresión del servicio militar obligatorio no hizo atractiva la captación de una nueva tropa profesional que tenía que arrastrar a sus familias a vivir alejadas de las poblaciones y los políticos del Ministerio de Defensa dejaron a los militares afectados y sus familias tirados en el monte. Treinta años después, el presidente del Gobierno y varios miembros de su gabinete han presenciado el inicio de la operación urbanística Campamento con la 'demolición' del antiguo cuartel Teniente Muñoz Castellanos, muerto el 13 de mayo de 1993 en Mostar (Bosnia-Herzegovina), por fuego hostil, mientras transportaba plasma sanguíneo para un hospital musulmán. Ni una palabra que recordase al heroico teniente. Deleznable. Francisco J. Membrillo. Sevilla El permiso retribuido de cinco días (artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores) para el cuidado de familiares tras una intervención quirúrgica nació con una intención razonable. Sin embargo, su aplicación está derivando hacia un uso desproporcionado y abusivo. En la actividad asistencial diaria se solicitan estos permisos tras cirugías menores o procedimientos ambulatorios con alta precoz y plena autonomía del paciente, donde no existe una necesidad real de cuidados continuados. Tras una única intervención –como una catarata o una hernia abdominal– no es infrecuente que varios familiares, hasta cinco, soliciten informes de supuestos cuidados domiciliarios para acogerse individualmente al disfrute de esos cinco días. Todo ello pese a que el paciente se encuentra en condiciones de valerse por sí mismo y quizá no conviva con esos cinco familiares que reclaman su derecho. Esta situación tensiona la organización y el funcionamiento ordinario de muchos servicios, y coloca a los profesionales sanitarios en una posición incómoda, al verse presionados para certificar situaciones que no lo requieren desde el punto de vista clínico. Los derechos laborales deben protegerse, pero también delimitarse. Resultaría razonable que este permiso recaiga en un número acotado de personas por paciente e intervención, en función de una necesidad real de cuidados, evitando así su utilización múltiple sin justificación clínica. Solo de este modo podrá preservarse el sentido y la legitimidad de una medida pensada para proteger, no para generalizar ausencias. María Vázquez Delgado. Madrid
