El Colegio de Abogados de Madrid defiende que actuó al margen de cuestiones “políticas o personales” en el caso de la pareja de Ayuso

El Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) responde en un comunicado al escrito de queja presentado por las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, por su actuación en la causa contra el ex fiscal general del Estado por relevación de información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La corporación profesional defiende que actuó al margen de cuestiones “políticas o personales” cuando fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.

En una nota aclaratoria, el ICAM defiende que su actuación en este asunto “debe enmarcarse exclusivamente en su obligación de defender el secreto profesional” y el “derecho de defensa”. “El Colegio actuó ante la existencia de indicios que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, podían afectar a estos principios básicos, con independencia de las personas o cargos implicados. La iniciativa del ICAM no tuvo por objeto valorar conductas políticas o personales, sino preservar garantías estructurales del sistema de justicia cuya protección forma parte del núcleo de las funciones legalmente atribuidas a los colegios profesionales de la abogacía”, añade. 

Ambos colectivos, que cuestionan la “sumisión” de la actual cúpula del ICAM a “intereses políticos partidistas” vinculados al actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, reclamaron a través de un escrito de queja tener acceso al expediente completo que llevó a la presentación de una querella contra la Fiscalía en el caso de la pareja de la presidenta madrileña y que se convoque una asamblea extraordinaria para debatir sobre la actuación del colegio. Exigieron, asimismo, “explicaciones” sobre la actuación del decano, Eugenio Ribón, y que la asamblea pueda censurar o ratificar su manera de proceder. 

Es algo que, a juicio de la actual Junta de Gobierno, carece de sentido porque el procedimiento judicial al que se refiere ya ha sido sentenciado. “Las decisiones de personación y actuación procesal se adoptan en el momento oportuno, conforme a los criterios técnicos correspondientes y dentro de las competencias legalmente atribuidas a los órganos colegiales. Pretender revisar ”políticamente“ una actuación procesal ya concluida ni produce efectos jurídicos ni tiene cabida en el funcionamiento ordinario de una corporación de derecho público”, prosigue el colegio.

La entidad profesional defiende que su actuación en este asunto ha estado guiada en todo momento por los principios de la “total transparencia” y que se ha ido dejando constancia de sus decisiones en los órganos correspondientes y poniendo a disposición de los colegiados la información relevante conforme a los cauces establecidos.

Respecto a la celebración de una asamblea extraordinaria, el ICAM defiende que la convocatoria de ese órgano está regulada de manera expresa en sus Estatutos, que establecen “requisitos formales y materiales claros en cuanto a legitimación, procedimiento y objeto”.